Ahora que el país avanza en su proceso de internacionalización económica es menester mejorar las reglas jurídicas que lo enmarcan, bien sea para evitar conflictos o para resolver los que puedan surgir. Me referiré a dos estatutos recientes, uno nacional y otro expedido por la Comunidad Andina.
 
Un decreto presidencial reciente ratifica que para las negociaciones comerciales con terceros países habrá un equipo integrado por servidores públicos vinculados a los diferentes ministerios y otras dependencias del Gobierno, tales como el Banco de la República, las superintendencias y las comisiones de regulación. Al Ministro de Comercio corresponden tres tareas fundamentales: la de coordinación, que puede ejercer por sí mismo o a través de un jefe negociador, la de velar por el equilibrio general de los acuerdos y la servir de componedor inicial en los conflictos internos que eventualmente  se presenten; si no lo logra deberá desplazarlos hacia el Consejo Superior de Comercio Exterior, el Consejo de Ministros y, en última instancia, al Presidente de la República.
 
Hasta ahora en la negociación con los Estados Unidos el equipo ha operado sobre la base del consenso pero es probable que en la fase final de las negociaciones, cuando sea menester realizar intercambios entre sectores y haya, por ejemplo, que hacer alguna concesión en telecomunicaciones para consolidar un interés ofensivo de la actividad pecuaria -o al revés- se presenten diferencias que deberán arbitrarse con eficiencia.
 
El decreto asigna prioridad a la interlocución con regiones y  sociedad civil. Se  ratifica así una estrategia que está en ejecución. Se vienen realizando visitas periódicas a las regiones para escuchar sus observaciones y analizar sus ventajas y limitaciones competitivas; voceros de las regiones asisten a las rondas y  en la recién finalizada en Lima se obtuvo financiamiento norteamericano para efectuar jornadas regionales de sensibilización sobre el eventual tratado y los temas de agenda interna de los que depende el aprovechamiento de las oportunidades que se abran con su celebración. Los empresarios, a su vez, cuentan con amplio espacio para participar en las negociaciones; el “cuarto de al lado”  es una realidad consolidada. Las centrales de trabajadores, a pesar de su oposición al tratado, reciben toda la información que necesitan para ejercer sus derechos.
 
La dimensión internacional es esta. Los países de Centroamérica aceptaron subordinar sus mecanismos de integración regional al tratado que celebraron con los Estados Unidos mediante la firma de un acuerdo plurilateral que establece relaciones de cada uno de ellos con el país del norte y de estos entre sí. Seguir este precedente habría causado profunda lesión a la Comunidad Andina. De allí la importancia del compromiso, adoptado por unanimidad, de preservar, en sus acuerdos comerciales con terceros, el  ordenamiento jurídico comunitario. Esto significa que el  tratado con los Estados Unidos será bilateral de los tres países andinos con los Estados Unidos pero que en nada afectará sus relaciones mutuas, así sea previsible la necesidad de realizar ex post una tarea de ajustes en la normativa andina habida cuenta de los compromisos que en el tratado se asuman, por ejemplo, en solución de controversias.
 
También con ocasión de la cumbre presidencial celebrada en Quito se ratificó que cualquier prerrogativa o ventaja que se conceda a los Estados Unidos por Ecuador, Perú y Colombia será extendida, de modo automático y no recíproco, a Venezuela y Bolivia que no participan, al menos por ahora, en la negociación. Para nosotros estas medidas cautelares son importantes porque ayudan a preservar nuestros mecanismos de integración regional y la armonía con Venezuela, nuestro segundo socio comercial.