No resulta fácil el diálogo con la Iglesia Católica en materias económicas. Ella se ocupa de los fines de la vida, en tanto que a la  economía sólo importan los medios: cómo lograr que crezca la producción, el empleo y el consumo, al margen de lo que cada uno de nosotros haga con su vida personal.  Esta relación ha sido siempre tensa. Lo demuestra la condenación del préstamo de dinero con interés realizada por Santo Tomás de Aquino, o los duros reproches de San Francisco de Asís a uno de sus monjes al que descubrió portando dinero, el tanta veces calificado por la Iglesia como “estiércol del demonio”.

Distancias comprensibles desde la óptica de un cristianismo radical. Mientras en la relación con nuestros semejantes el mandato eclesial consiste en un comportamiento inspirado en el bien común y la solidaridad entre hermanos, la economía, en su versión capitalista predominante, postula, así sea con matices y modulaciones, que los agentes económicos, cuando persiguen la satisfacción egoísta de sus intereses, contribuyen al bienestar colectivo. Se trata de la célebre y vilipendiada acción de la “mano invisible” del mercado.

Mas ese diálogo es indispensable. La Iglesia, que es para tantos en este continente “Mater et Magistra”, tiene considerable influencia en los asuntos terrenales, los que precisamente constituyen el ámbito de la acción política. Por eso resulta encomiable que los obispos de la región hayan realizado en estos días un encuentro en Brasil para discutir “Los tratados de libre comercio y sus efectos sobre los Pueblos”, y que hayan querido escuchar las voces de los gobiernos que están embarcados en esos procesos.

Algunos de los documentos eclesiásticos son tan extraños a la lógica económica que resulta imposible el debate. En uno de ellos se lee: “Proclamamos con vehemencia que, entre el dinero y la persona, optamos por la persona, aunque eso signifique un posible retraso del progreso económico”. Desconcertante afirmación. No tiene sentido el dilema  entre  pecunia y persona porque no hay que optar entre una y otra. La eventual  postergación del progreso en aras de la precedencia axiológica de aquella, omite que son los seres humanos los destinatarios únicos del desarrollo económico, y que este es la vía para superar la pobreza y la desigualdad, las dos grandes lacras que  padecen América Latina y el Caribe.

No creo que la seguridad alimentaría consista en la producción dentro de cada país de los alimentos que consume, sino la garantía de acceso de la población a los alimentos requeridos, sea cual fuere el lugar donde se cultiven. Los países pobres del África Ecuatorial hacen bien en aprovechar sus ventajas competitivas en la producción de algodón; les conviene que los países ricos no subsidien a sus productores para que los precios de la fibra mejoren y puedan importar los alimentos que necesitan. Sería absurdo que Uruguay dejara de producir carne y lana para los mercados del mundo y dedicara parte de sus escasas tierras a sembrar el azúcar que puede traer del Brasil. Si la seguridad alimentaría fuera sinónimo de autarquía productiva, Colombia no tendría mercados externos para el café y el banano; ni Centroamérica se beneficiaría de la demanda de caraotas por sus emigrantes a  los Estados Unidos.

Sin embargo, tenemos múltiples coincidencias, tales como la preocupación eclesiástica por la pobreza.  Por eso cabe destacar que China, India, España y Chile son países que han crecido gracias a su dinámica inserción con el exterior; no es coincidencia que tengan igualmente éxito en la reducción de la pobreza.  Tengo las pruebas pero apenas 600 palabras para esta columna.