19 marzo de 2021

Tres entidades del sector Comercio, Industria y Turismo derogaron o modificaron más de 148 circulares que perdieron vigencia


Pie de foto: 'Estado Simple, Colombia Ágil’ es una estrategia que involucra la totalidad de las entidades del Estado, encabezada por la Presidencia de la República

Ministerio abolió 140 de ellas y la Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 18. La decisión se tomó por obsolescencia, decaimiento o transitoriedad.

La Superintendencia de Industria y Comercio derogó o ajustó unos 60 apartes de su Circular Única.

​Medellín tiene la primera notaría de Colombia en virtualizar todos sus servicios.

Mediante la derogatoria de 158 circulares, así como la modificación o eliminación de unos 60 apartes de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), tanto la entidad de control como el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y la Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores culminaron un ejercicio de mejora regulatoria en beneficio de ciudadanos y empresarios.

La iniciativa, que incluyó un exhaustivo ejercicio de evaluación interna de parte de las entidades involucradas y propuestas de usuarios externos, forma parte de Estado Simple, Colombia Ágil.

A febrero de 2021, los resultados de la estrategia reportan 3.572 acciones en más de 400 entidades del Estado colombiano, nacionales y territoriales, que se discrim​inan en la simplificación de 2.423 tramites, la eliminación de 342 barreras y la intervención de 807 normas obsoletas o de alto impacto.

Entre estas se destaca la Notaría 25 de Medellín, que se convirtió en la primera entidad virtual de esta rama con más de 400 procedimientos totalmente en línea, lo que reduce en más del 50% los tiempos de espera para obtener resultados.

Para la depuración normativa, los criterios con base en los cuales se evaluaron qué circulares se podían derogar fueron la transitoriedad, el decaimiento y la obsolescencia.

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo encontró 97 circulares expedidas entre 2000 y 2013 que establecían instrucciones sobre diversos temas con términos de tiempo que, por ejemplo, eran de 3, 4, 6 meses o un año. Se referían a temas como plazos máximos para cumplir requisitos o suspensiones y autorizaciones temporales para importaciones y exportaciones de determinados productos. Como todos esos términos de transitoriedad ya se cumplieron, los documentos fueron derogados.

Otras 28 circulares encontradas se basaban en disposiciones que perdieron vigencia. Esta situación corresponde al decaimiento e incluían la obligación de inscribirse en registros que ya no existen, información sobre normatividades que desaparecieron y fueron reemplazadas por otras o fijar tarifas anuales por los servicios prestados por las entidades relacionadas con el comercio exterior.

Las 15 circulares del Mincomercio derogadas por obsolescencia están relacionadas con funciones que ya no corresponden a la entidad, dependencias eliminadas en procesos de reorganización y otras situaciones que las hacen incompatibles o inaplicables en la realidad actual.

“Felicito a la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio, a la Junta Central de Contadores y a la Superintendencia de Industria y Comercio por este ejercicio de depuración de circulares, el cual se enmarca en la importancia de mejorar la calidad normativa y brindar seguridad jurídica a los ciudadanos a través de claridad y certeza de las disposiciones vigentes”, explicó el ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo.

Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y Junta Central de Contadores (JCC)

La Superintendencia de Industria y Comercio adelantó un ejercicio de evaluación de disposiciones contenidas en la Circular Única de la Entidad. Permitió identificar y proceder a modificar o abolir unos 60 apartes por tener vigencia temporal ya superada o por no ser aplicables debido a la evolución del mercado o de la tecnológica.

Los cambios se oficializaron mediante la Resolución 1692 de 2021 de la SIC y tocan múltiples aspectos de los servicios de la entidad como derechos de petición, quejas y reclamos, actuaciones administrativas, copias de documento, protección al consumidor, controles a la publicidad, patentes y régimen sancionatorio, entre otros.

La expedición de la norma tiene por objetivo alcanzar una mejora en los procedimientos adelantados ante la Superintendencia de Industria y Comercio, para que sean cada vez más ágiles y logren una correcta aplicación, evitando reprocesos o indebidas interpretaciones, con el fin de economizar costos administrativos a los grupos de interés. Así se promueve la modificación de disposiciones de acuerdo con las nuevas necesidades o con la eliminación de aquellas que son inaplicables en la práctica.

La Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores derogó 18 circulares externas debido a la expedición de normas que asignaron competencias a otras entidades públicas, o a una situación de duplicidad normativa.

Doce circulares fueron derogadas al perder validez con la entrada a Colombia de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Dos fueron abolidas por funciones que pasaron al Departamento Administrativo de la Función Pública y cuatro por nuevas disposiciones que regulan la contratación de servicios contables de las entidades del Estado y el registro de contadores públicos.

“Todo el ejercicio de depuración normativa en las tres entidades le quita cargas administrativas a los ciudadanos y empresarios, reduce costos y libera tiempo para otras actividades, que es el objetivo de Estado Simple, Colombia Ágil”, destacó el ministro Restrepo.

Estado Simple, Colombia Ágil’ es una estrategia que involucra la totalidad de las entidades del Estado, encabezada por la Presidencia de la República y en la que integran esfuerzos de coordinación el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; el Departamento Administrativo de la Función Pública; el Ministerio de Justicia y del Derecho; el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones; y el Departamento Nacional de Planeación.

Las acciones realizadas en el marco de la estrategia le han generado ahorros a los colombianos superiores a los $265 mil millones, representados en reducción de tiempos de trámite para el acceso a derechos o cumplimiento de obligaciones, reducción o eliminación de tarifas, ahorros en transporte público por la eliminación de desplazamientos, eliminación de gastos asociados a mensajería y correspondencia y eliminación de requisitos.

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