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Punto Nacional de Contacto de Colombia de las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales


Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales

Las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales son recomendaciones dirigidas por los gobiernos a las Empresas Multinacionales (EMNs) para promover una Conducta Empresarial Responsable (CER).

El cumplimiento de las Líneas Directrices por parte de las empresas es voluntario y no es jurídicamente vinculante. No obstante, algunas materias contempladas en las Líneas Directrices pueden ser reguladas por la legislación nacional o por compromisos internacionales. Se espera que las EMNs cumplan las recomendaciones contenidas en ellas y que los países que las han suscrito hagan un compromiso vinculante para ponerlas en práctica.

 
 

Los principales objetivos de las Líneas Directrices consisten en: 

  • Garantizar que las actividades de las EMNs se desarrollen en armonía con las políticas públicas.

  • Fortalecer la base de confianza mutua entre las empresas y las sociedades en las que desarrollan su actividad.

  • Contribuir a mejorar el clima de inversión.

  • Potenciar la contribución de las EMNs al desarrollo sostenible.

Este instrumento abarca todas las áreas de responsabilidad de una EMN e incluye una serie de estándares de buenas prácticas que deberían ser observadas por ellas en el desarrollo de sus actividades. Se componen de un preámbulo y once capítulos:

 
I CONCEPTOS Y PRINCIPIOS Establece conceptos y principios que ponen en contexto todas las recomendaciones de los capítulos siguientes. Estos conceptos y principios son la columna vertebral de las Líneas Directrices y subrayan las ideas fundamentales detrás de ellas.
II PRINCIPIOS GENERALES Las empresas deben operar de acuerdo con la legislación y reglamentación nacional de los países donde operan. Adicionalmente, deben identificar, prevenir y mitigar los impactos negativos que pueden causar frente a temas relacionados con derechos humanos, derechos laborales, medio ambiente, y anticorrupción. Esto aplica a las actividades propias de la empresa y a su cadena de suministro.
III DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN Cubre la difusión oportuna por parte de las empresas de información fidedigna acerca de sus objetivos, actividades, estructura, situación financiera y resultados. Este capítulo invita a las empresas a que comuniquen información adicional sobre sus políticas, auditorías internas, gestión de riesgos, y relación con sus empleados, entre otros.
IV DERECHOS HUMANOS Establece que las empresas deben proteger los derechos humanos de aquellos que se vean afectados por sus actividades, y que consistentes con los compromisos y obligaciones internacionales suscritas por el país donde ejercen sus actividades.
V EMPLEO Y RELACIONES LABORALES Las empresas tienen el deber de respetar el derecho de asociación sindical; cooperar con los representantes de los trabajadores; luchar contra la discriminación; contribuir a la abolición efectiva del trabajo infantil, así como a la eliminación de toda forma de trabajo forzado.
VI MEDIO AMBIENTE Enfatiza la responsabilidad de las empresas de proteger el medio ambiente, la salud, la seguridad pública así como de realizar sus actividades de una manera que contribuya al desarrollo sostenible.
VII LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN, LAS PETICIONES DE SOBORNO
Y OTRAS FORMAS DE EXTORSIÓN
Señala que las empresas no deben ofrecer, prometer, conceder o solicitar, directa o indirectamente, pagos ilícitos u otras ventajas indebidas para obtener o conservar un contrato o una ventaja ilegítima.
VIII INTERESES DE LOS CONSUMIDORES Busca asegurar que las empresas respeten los derechos de los consumidores, incluidos los referidos a la calidad y salubridad de los productos. Enfatiza la importancia de que las empresas sigan prácticas leales de comercio, mercado y publicidad.
IX CIENCIA Y TECNOLOGÍA Reconoce que las empresas juegan un papel importante en la mejora de la tecnología local, sin que con ello comprometan sus derechos de propiedad intelectual. Señala que a través de la transferencia de nuevas tecnologías entre los países, las empresas deberían contribuir al desarrollo de la capacidad innovadora en los países en que operan.
X COMPETENCIA Promueve el respeto a las reglas de la competencia y señala que las empresas deben abstenerse de adelantar actividades que puedan tener efectos anticompetitivos.
XI CUESTIONES TRIBUTARIAS Recomienda que las empresas contribuyan a las finanzas públicas de los países en que operan, efectuando el pago puntual de sus obligaciones fiscales y absteniéndose de utilizar los precios de transferencia con el fin de transferir beneficios o pérdidas de manera inapropiada.

Las Líneas Directrices no buscan establecer diferencias de trato entre las EMNs y las empresas nacionales. El ideal es que ambos tipos de empresas apliquen las buenas prácticas empresariales previstas en las Líneas Directrices y, en esa medida, se espera que las dos actúen de manera responsable en el desarrollo de sus actividades.

Sería claro que no en todos los casos las pymes tienen la misma capacidad para cumplir las Líneas Directrices que las empresas grandes y las EMNs. Sin embargo, es importante que las pymes tengan presente que cuando hacen parte de la cadena de suministro de una EMN, sus actividades pueden llevar a que se presente un caso ante el PNC contra dicha multinacional por incumplimientos por parte de las pymes. Por ende, es importante que las pymes alineen su estrategia empresarial con las buenas prácticas descritas en las Líneas Directrices.

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Las Líneas Directrices fueron adoptadas en 1976 por los países miembros de la OCDE y son actualizadas regularmente para garantizar su relevancia frente a los cambios en la economía mundial. La última actualización fue aprobada en mayo de 2011.  
 
Colombia adhirió a las Líneas Directrices el 8 de diciembre de 2011, siendo uno de los primeros instrumentos de la OCDE adoptados por el país en su proceso de ingreso a dicha organización.
 
49 países han adoptado las Líneas Directrices, de ellos 37 son miembros de la OCDE y el resto países no miembros: Argentina, Brasil, Croacia, Egipto, Marruecos, Perú, Rumania, Túnez, Jordania, Kazajistán, Ucrania y Costa Rica.

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Las EMNs tienen un fuerte incentivo comercial para actuar responsablemente, gracias a que su probabilidad de obtener y mantener licencia social para operar es mayor, un componente crítico de la estrategia de negocio a largo plazo. Las prácticas empresariales responsables son también una manera eficaz de gestionar riesgos, diversificar las carteras y aumentar la productividad. Por ejemplo, los procesos de producción respetuosos con el medio ambiente puede reducir significativamente los costos generales; y la gestión eficaz de prácticas laborales en las cadenas de suministro pueden aumentar la productividad y proteger el capital.

Además de observar las buenas prácticas de CER previstas en las Líneas Directrices, es fundamental que las EMNs puedan desarrollar estrategias tendientes a identificar, prevenir y mitigar los riesgos que pueden derivarse de sus actividades, así como a manejar sus impactos sobre el ambiente, la sociedad y el entorno donde operan, proceso conocido como “debida diligencia”. Esta es una novedad incorporada en la actualización de las Líneas Directrices en 2011, que busca, a través de un proceso colaborativo que involucre a los grupos de interés relevantes junto con el sector privado, desarrollar estrategias para evitar riesgos y manejar impactos.
 
Para ello, la OCDE desarrolló una Guía de Debida Diligencia para la Conducta Empresarial Responsable. Su propósito es promover, entre los gobiernos y las partes interesadas, un consenso sobre la debida diligencia para una CER y, así mismo, contribuir a que las empresas implementen las recomendaciones en materia de debida diligencia recogidas en los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos, al igual que en la Declaración Tripartita de Principios sobre las Empresas Multinacionales y la Política Social de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La guía fue, además, resultado de un proceso que involucró a múltiples actores y en el que participaron países miembros y no miembros de la OCDE, así como representantes de empresas, sindicatos y de la sociedad civil, lo cual legitima y avala sus contenidos.
 
Con el propósito de promover la efectiva observancia de las Líneas Directrices, la OCDE ha desarrollado guías sectoriales que ayudan a las empresas a identificar y manejar los riesgos que sus operaciones, productos o servicios pueden tener en sectores particulares. Las guías sectoriales establecen un entendimiento común a nivel de los gobiernos, el sector empresarial, la sociedad civil y los trabajadores sobre la debida diligencia para la CER, y pueden permitirle a las empresas construir cadenas de suministro seguras y generar valor a largo plazo.

Su objetivo es ayudar a las empresas a respetar los derechos humanos y a evitar contribuir al conflicto a través de sus prácticas de abastecimiento de minerales. La guía también pretende establecer cadenas de suministro de minerales transparentes y un compromiso empresarial sostenible dentro del sector minero, con el fin de que los países se beneficien de sus recursos minerales, evitando que las actividades de extracción y comercio de minerales se conviertan en una fuente de conflictos, violaciones a los derechos humanos e inseguridad. Junto con sus Suplementos sobre Estaño, Tantalio, Tungsteno y Oro, la Guía de la OCDE ofrece a las empresas un paquete completo para que puedan abastecerse de minerales de una forma responsable, con el fin de que el comercio de minerales pueda aportar a la paz y el desarrollo en lugar de promover los conflictos.

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Tiene como propósito ofrecer a las empresas dedicadas a la minería, el petróleo y el gas, directrices para enfrentar los retos relacionados con la participación de las partes interesadas. Esta guía forma parte de la labor de la OCDE por promover aplicaciones sectoriales prácticas en torno a las recomendaciones contenidas en las Líneas Directrices.

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Busca ayudar  a las empresas a adoptar estándares de CER a lo largo de las cadenas de suministro agrícola, incluyendo las Líneas Directrices, los principios para la inversión responsable en la agricultura y los sistemas alimentarios y las directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional.

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El sector textil y calzado es uno de los más sectores de mayor consumo de bienes a nivel mundial. Aunque representa una importante fuente de impulso económico, varios eventos lamentables han evidenciado que su manufactura y cadena de suministro representa riesgos con fuertes impactos adversos.
 
La guía, que fue adoptada en 2017, establece un entendimiento común acerca de la debida diligencia en el sector, para así ayudar a las empresas a cumplir las expectativas de debida diligencia contenidas en las Líneas Directrices.
 
Al igual que las demás guías, fue desarrollada en un proceso que involucró a múltiples actores, y aprobada por todos los gobiernos adherentes a las Líneas Directrices y respaldadas por el sector empresarial, organizaciones sindicales y la sociedad civil. La guía aplica a todas las empresas, grandes y pequeñas, que operan en la cadena de suministro del sector a nivel mundial.

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Una de las prioridades mundiales es eliminar las peores formas de trabajo infantil, como se definen en el Artículo 3 de la Convención No. 182 de la OIT.
 
La Guía de Debida Diligencia de la OCDE para cadenas de suministro responsables de minerales en las áreas de conflicto o de alto riesgo identifica las peores formas de trabajo infantil como uno de los más serios abusos en materia de derechos humanos asociados con la extracción, transporte o comercio de minerales, prácticas que no pueden ser toleradas por las empresas, ni tampoco beneficiarse, contribuir a ella o facilitarla en el curso de sus operaciones de negocio. Si bien la Guía de Debida Diligencia (general) recomienda que las empresas implementen un marco de debida diligencia para el manejo del riesgo en la cadena de suministro, precisamente con el objetivo de respetar los derechos humanos, ésta no ofrece mayores detalles sobre cómo las empresas pueden en efecto implementar la debida diligencia en el manejo de los riesgos relacionados con trabajo infantil. Por ello, la OCDE desarrolló una serie de acciones prácticas para que las empresas identifiquen y manejen las peores formas de trabajo infantil en la cadena de suministro de minerales, y así ayudarlas a identificar, mitigar y responder por tales situaciones.

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Promover la CER en el sector financiero es clave en la construcción de una economía global sostenible. Sin embargo, las dificultades propias del sector, como es el caso de las complejas estructuras empresariales y relaciones de negocios, así como la rapidez de las transacciones, hacen que la aplicación práctica de un sistema efectivo de debida diligencia no sea sencilla.
 
El documento explica la aplicación de las Líneas Directrices en el contexto de los inversionistas institucionales, resaltando elementos fundamentales que deberían seguir en sus procesos de debida diligencia, de tal forma que les permita identificar y responder a los riegos tanto ambientales como sociales.

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Sí. El Grupo de Trabajo de Conducta Empresarial Responsable (GTCER) de la OCDE, compuesto por representantes de los gobiernos adherentes a las Líneas Directrices, está encargado de apoyar a los gobiernos en el diseño de políticas de CER, en el desarrollo de guías para el sector empresarial sobre cómo implementar la debida diligencia y promover su aplicación; y en el fortalecimiento del acceso a remedio a través de los PNCs. El Grupo se reúne presencialmente en la sede de la OCDE con una periodicidad de alrededor de dos veces al año, o a través de medios virtuales con una periodicidad mayor.