Con la denuncia del Acuerdo de Cartagena realizada por el Gobierno de Venezuela hace algunos días, se produce su desvinculación de la Comunidad Andina. Lamentable determinación que ojalá fuera revertida por el gobierno del vecino país. A pesar de sus limitaciones, este sistema de integración ha sido un elemento catalizador del crecimiento económico de la región.

Justamente porque tal es nuestro convencimiento, días antes de conocerse la decisión adoptada por Caracas dirigimos a los ministros responsables del comercio de los cinco países una carta abierta en la que propusimos una agenda de doce puntos para el perfeccionamiento de los vínculos comunitarios. Las ideas allí expuestas son las mismas que hemos planteado muchas veces: eliminación de las restricciones al transporte de carga por carretera, mayor convergencia de las normativas aduanera y sanitaria, adopción de mejores  reglas para facilitar los flujos de capitales intra-regionales, adelantamiento de programas conjuntos para la evaluación de la política social y la medición de la pobreza, etc.

La lectura de la nota de denuncia señala que el alejamiento de Venezuela de la Comunidad Andina obedece a que tres de los países andinos decidieron negociar tratados de comercio con los Estados Unidos, lo cual, en su sentir, resulta incompatible con la preservación de los nexos comunitarios. Es difícil aceptar la validez de este argumento. Desde hace más de dos años, por decisión unánime de los países miembros, fue permitido adelantar negociaciones conjuntas o separadas con terceros países, siempre y cuando se respetara la normativa comunitaria, se tuvieran en cuenta las sensibilidades de los países que no participaran en la negociación y se les informara, antes de la firma de los tratados respectivos,  el contenido de los acuerdos alcanzados.

Colombia cumplió a rajatabla estas obligaciones: las estipulaciones plasmadas en el TLC son compatibles con el derecho comunitario, tal como lo reconoce la Secretaría de la Comunidad; negoció la liberación de los sectores automotriz, petroquímico y siderúrgico –que son sensibles para Venezuela– con plazos amplios a fin de facilitarles su ajuste gradual a un entorno de mayor competencia; y dio los informes correspondientes antes de la firma del Tratado que, como se sabe, aún no ha ocurrido.

Ahora bien: desde 1993 la Comunidad Andina en vez de ser concebida como un espacio económico cerrado se la entendió como una plataforma de lanzamiento para facilitar la inserción de sus integrantes con el mundo exterior. Al amparo de esta nueva visión se han celebrado multitud de acuerdos para la liberación reciproca de mercados. Irónicamente, el primero de ellos fue el que Venezuela y Colombia celebraron con México.

En épocas recientes el gobierno venezolano anunció su interés en hacerse miembro de MERCOSUR y de realizar acuerdos con países del medio oriente. Nada tenemos que objetar a esta estrategia porque sabemos que las estructuras de nuestras economías son distintas; y que seguimos modelos de desarrollo  que son, en parte, diferentes.

¿Qué sigue ahora? Según el Acuerdo de Cartagena, desde el momento en que se efectúa su denuncia cesan los derechos y obligaciones del país que se retira “…con excepción de las ventajas recibidas y otorgadas de conformidad con el Programa de Liberación de la Subregión, las cuales permanecerán en vigencia por un plazo de cinco años a partir de la denuncia. El plazo indicado en el párrafo anterior podrá ser disminuido en casos debidamente fundados, por decisión de la Comisión y a petición del País Miembro interesado”.

El cumplimiento de este precepto debe impedir traumatismos en el comercio binacional durante los próximos cinco años. Entre tanto el reto para nuestros dos países consiste en crear instituciones que preserven el valios