El Estado moderno es un Estado tecnocrático. La magnitud creciente de las tareas que se le asignan hace indispensable que cuente con una burocracia estable, dotada de sólidos conocimientos técnicos, que suministre la materia prima para que los políticos tomen las decisiones que les corresponden. Desde luego, una administración pública competente requiere expertos en muy diversas disciplinas, pero, dada su naturaleza social, especialmente de abogados y economistas.
Durante todo el siglo XIX y hasta la mitad del siglo XX, la gran mayoría de los integrantes del estrato superior de la administración pública carecían de formación económica. En 1950 la situación comenzó a cambiar. La creación de un sistema de cuentas nacionales, que permitiera medir la producción, el empleo, el comercio exterior y los agregados monetarios, hizo indispensable que el Estado contara con economistas profesionales. En ese mismo año el recientemente creado Banco Mundial eligió a Colombia para realizar su primera misión en un país de desarrollo incipiente. Como se recordará, esa tarea estuvo dirigida por Lauchlin Currie, un economista de primer nivel, quien adoptó a nuestro país como su segunda patria. Durante un largo periodo Currie tuvo participación en el diseño de la política económica. Estos factores, entre otros, fueron determinantes para que el gobierno iniciara el reclutamiento de economistas profesionales.
En la década de los sesenta, dos eventos fortalecieron esta tendencia: la creación de Planeación Nacional y de la Junta Monetaria. La elaboración de los planes de inversión del gobierno central y el manejo de una política monetaria pensada en función del crecimiento económico y la estabilidad de los precios, incrementaron la demanda por funcionarios con formación económica. La creación de un banco central independiente, ocurrida en 1991; el alto grado de profesionalización que han alcanzado el Ministerio de Hacienda y la hoy Superintendencia Financiera; y la creación del Ministerio de Comercio Exterior, fueron determinantes del impulso definitivo al diseño de política económica con adecuado soporte técnico y al reclutamiento de economistas profesionales por parte de la administración pública nacional.
Estos mismos eventos han jalonado la demanda de abogados con formación en derecho económico. El Presidente Carlos Lleras Restrepo fue, sin duda, el pionero en estas nuevas disciplinas jurídicas, las que aprendió, no en las aulas, sino en el ejercicio del gobierno. Con el paso del tiempo, las universidades nacionales han venido ampliando la oferta de especializaciones en un campo que ha dejado de ser novedoso.
Este desarrollo en paralelo de los economistas y abogados que dan respaldo conceptual a la formulación de la política económica tiene un vacío. En general, a las altas cortes no llegan abogados con entrenamiento en áreas económicas. Esto ocurre así porque el estrato superior de la magistratura suele estar integrado por abogados que se han formado en la carrera judicial. Por tal razón, probablemente su educación y, sin duda, su experiencia, están referidas a los asuntos civiles, penales, laborales y administrativos que se ventilan en juzgados y tribunales.
Esta es una limitación grave que puede dar por resultado decisiones de muy discutible calidad. Es lo que, a mi juicio, ocurrió a fines de los noventa con los fallos que adoptó la Corte Constitucional con motivo de la crisis del sistema UPAC. La mayoría de los magistrados de entonces tenía serias dificultades para entender conceptos tales como el valor constante del capital y la tasa real de interés. Es claro que la Corte Constitucional debe estar integrada por profesionales del Derecho. Pero convendría que algunos de ellos tuvieran formación en cuestiones económicas; también que se creara un cuerpo asesor de primer nivel que pudiera explicar a los magistrados los alcances económicos de sus fallos. Todo ello redundaría en sentencias de mejor calidad.