Hay sectores de la educación superior que manifiestan temores con relación a lo que ocurrirá con este sector en la negociación del TLC.  Les preocupa que las instituciones “gringas” sustituyan a las universidades locales, porque cuentan con más recursos, mejor tecnología y fortalezas en investigación. No tienen razón. Pocas cosas en el entorno de la educación van a cambiar con el tratado y las que cambien deben redundar en mejoras para el sector y para la sociedad. En especial para esta última cuyos intereses son los que deben prevalecer. En fin de cuentas el acceso a la educación es un componente básico de la igualdad de oportunidades en el punto de partida, y el generador principal del capital social indispensable para sustentar el crecimiento económico.

En Colombia no hay restricciones a la inversión extranjera en el sector educativo. Hoy en día si una universidad de cualquier país quisiera entrar a Colombia podría hacerlo; desde luego, tendría que someterse a los procedimientos establecidos por la legislación para la creación de una institución y la obtención de la licencia, constituirse como entidad sin ánimo de lucro y seguir los procedimientos de aprobación de los programas de educación. De igual forma, las entidades colombianas de educación superior pueden hoy invertir en el exterior, como lo demuestra el caso de la UNAD en la Florida (primera universidad latinoamericana reconocida por el Florida Department of Education).

La competencia internacional en el sector educativo existe hoy bajo tres modalidades: las alianzas entre universidades colombianas y extranjeras en múltiples áreas; las ofertas de cursos de formación a distancia; y la formación de estudiantes colombianos de pregrado y postgrado en universidades del exterior. También es claro que en el caso de formación en el exterior es necesaria la convalidación de los títulos, como requisito para el ejercicio profesional en Colombia, salvo en los casos en los que se tienen convenios de reconocimiento mutuo.

Estas circunstancias no cambiarán con la negociación del TLC. Los capítulos de servicios transfronterizos e inversión, en los que quedan comprendidos los servicios de educación, están orientados a dar claridad y estabilidad a las reglas de juego tanto para los inversionistas nacionales como para los de los Estados Unidos. Enuncian, por ejemplo, que ninguno de los gobiernos firmantes del tratado dará mejor trato a los inversionistas nacionales que a los del otro país; no podrán discriminar a los inversionistas de la contraparte por nacionalidad, sexo, religión o filiación política; no impondrán restricciones de acceso a los inversionistas del otro país en aspectos como el número de universidades o el número de empleados o el tamaño de los activos.

Los retos para el sector educativo colombiano no sólo se relacionan con su posicionamiento frente a la creciente competencia, sino con el aprovechamiento de las oportunidades de exportación de servicios. Entre otras cosas, es importante fortalecer las políticas orientadas a mejorar la calidad de la educación (alianzas estratégicas, docentes con doctorado) y estrechar los lazos academia–empresa, no sólo para que la formación sea acorde con las necesidades del país, sino como mecanismo para fortalecer los proyectos de investigación que reviertan en mejoras tecnológicas de los demás sectores productivos.

El Departamento de Caldas ha asumido la actitud que nos parece adecuada al proponer la generación de oferta educativa de buena calidad y la creación de conocimiento, como una apuesta productiva de su agenda interna. Si otras regiones hicieran lo mismo se generaría una dinámica competitiva de gran beneficio para el país. Es el tipo de fenómeno que la internacionalización económica puede generar: una mejora persistente de la productividad.