Importantes lecciones deja el foro celebrado hace pocos días para presentar el estudio del Banco Mundial sobre el aporte del sector rural al crecimiento en América Latina. Entre ellas, que la participación de las zonas rurales es sustancialmente mayor de la que representa el sector agropecuario en la generación del PIB. Por lo tanto, la importancia estratégica del sector rural sigue siendo alta aún en el contexto, inherente al proceso de desarrollo, de la pérdida de importancia relativa del agro frente a la industria y los servicios. De otro lado, en la generalidad de los países de la región el gasto público rural es ineficiente y regresivo: asigna un peso demasiado alto al otorgamiento de subsidios a sectores específicos de productores, que no suelen ser pobres ni competitivos; por ello se afirma que sería más adecuado que el gasto estatal se focalizara en la provisión de bienes públicos, tales como infraestructura física, tecnología agrícola y servicios de educación y salud.
Como era de esperarse, el estudio aborda los posibles impactos de la liberación del comercio internacional de bienes agrícolas. Al respecto, formula tres conclusiones:1) La eliminación o reducción de aranceles y otro tipo de restricciones por parte de los países ricos, tendría un impacto sustancial en el bienestar de la población rural que podría especializarse en la producción de aquellos productos en los que se tienen ventajas competitivas. 2) La eliminación, gradual en ciertos casos, de los elevados aranceles existentes facilitaría la transición productiva y tendría un impacto positivo en los pobres de la ciudad por la vía de menores precios de los alimentos. 3) Es menester avanzar en el desmonte de ayudas internas y de subsidios a las exportaciones que practican los países desarrollados. 4) “La liberalización de los sectores “sensibles” no competitivos debiera ser gradual, otorgando asistencia técnica y un apoyo condicionado para que los pequeños campesinos de estos sectores puedan reestructurar sus actividades”.
Al confrontar estas tesis con las políticas que Colombia adelanta, resulta obvio que existe amplio acuerdo nacional entre amigos y opositores del actual Gobierno sobre la importancia estratégica del campo, no sólo por la participación del agro en la economía y el valor de los encadenamientos productivos que este genera, sino también por la alta incidencia que los fenómenos de violencia que padecemos desde años atrás tienen en áreas rurales. Por eso su estabilidad y pacificación constituyen un problema de “seguridad nacional” con el mismo tipo de serias connotaciones que el término tiene, por ejemplo, en los Estados Unidos. De otro lado, las críticas que ha recibido el “Plan 2.500 Kilómetros”, por no conectar los centros de producción del interior con los puertos marítimos, deberían modularse teniendo en cuenta que buena parte de las vías proyectadas precisamente tiene por objeto desembotellar áreas rurales con muy positivos efectos en el bienestar de sus pobladores.
Es obvio, así mismo, que el estudio del Banco Mundial proporciona sólido respaldo a las negociaciones comerciales ya cerradas, como la celebrada con Mercosur, como las que se adelantan con los Estados Unidos y en el seno de la Organización Mundial de Comercio. (Como en este ámbito nada podríamos lograr solos, participamos, con un importante grupo de países, en el grupo de Cairns que por estos días se reúne en Colombia).
Pero con humildad autocrítica hay que preguntarse: ¿Focalizamos bien los subsidios al agro? ¿Obtenemos tanto como debiéramos, en cobertura y calidad, del gasto en educación y salud? ¿Hacemos tanto como podemos en investigación y difusión de tecnologías agropecuarias? Aún si la respuesta fuere positiva, es claro que falta mucho camino por recorrer.