Los sindicatos mexicanos y estadounidenses se opusieron radicalmente al TLC entre sus países y Canadá. Los primeros argumentaron que el libre ingreso de mercancías de la economía más poderosa del mundo aniquilaría las empresas nacionales y acabaría con muchos puestos de trabajo. Los norteamericanos afirmaban que los bajos salarios mexicanos harían que sus empresas se reubicaran en el vecino país generando desempleo en el propio.
Los hechos se encargaron de demostrarles que estaban equivocados. En México, la crisis de 1995 golpeó tanto el empleo como los salarios, pero una vez superada aquella ambas variables se recobraron. En el 2000, las remuneraciones reales en la industria alcanzaron los niveles previos a la crisis y la tasa de desempleo abierto, que llegó a niveles cercanos al 8% en 1995, descendió hasta niveles inferiores al 3%. En los Estados Unidos el empleo creció continuamente durante los noventa y hacia el 2000 la tasa de desempleo se ubicó en el 4%, que es la más baja de las últimas décadas. Sin embargo, en ambos países, y en realidad en todos los que abren sus economías, se produjo una recomposición del empleo. Los más desarrollados ganan puestos de trabajo en los sectores de tecnología de punto, pero los ceden hacia países menos avanzados en los de manufactura liviana.
En Colombia, los sindicatos se oponen al TLC con los mismos argumentos utilizados por sus colegas de México; dicen, además, que el Gobierno permitirá la desmejora de la normatividad interna en detrimento de los intereses de los trabajadores. Para entender esta posición hay que tener en cuenta el contexto político del sindicalismo. El coeficiente entre el número de afiliados y el total de ocupados en el país era del 12.3% en 1980 y desde entonces viene cayendo; en el 2002 fue apenas del 5.2%. Importante advertir, de otro lado, que la masa de los afiliados está en el sector estatal: mientras que en el sector privado la población sindicalizada fue del 4.7% en 2002, en aquel era del 45%. En ambos casos la tendencia es descendente.
Los sindicatos del sector público temen, con razón, que la propensión, inspirada en consideraciones de eficiencia y equidad, a la reducción del papel empresarial del Estado, se acelere como consecuencia de una mayor vinculación con el extranjero. Los pocos trabajadores sindicalizados del sector privado perciben que en una economía crecientemente globalizada, no es posible incrementar los beneficios que se obtienen en una economía cerrada a través de las convenciones colectivas; la falta de competencia externa permite que esos mayores costos se trasladen a los consumidores. Pero en economías abiertas, como las empresas están sometidas “a la ducha fría de la competencia internacional”, los incrementos en los salarios reales sólo son posibles por la vía de ganancias en productividad.
La experiencia muestra que la inserción activa en la economía global, acompañada de políticas que permitan aprovechar los beneficios de la integración económica, repercute en mayores niveles de crecimiento económico y en aumento del empleo formal. En Colombia debe ocurrir lo mismo, a menos que se presente una recesión mundial o a que adelantemos una pésima política económica. Debe anotarse, así mismo, que en el capítulo de asuntos laborales del TLC se asumirá el compromiso de observar con rigor la legislación laboral, la relativa a la seguridad social y los convenios internacionales que al respecto obliguen a nuestro país. A juzgar por lo ocurrido en otras partes, estos avances pueden darse en un ambiente en que los trabajadores encuentren poco interesante la afiliación a los sindicatos. A sus líderes no tiene porque gustarles.