Las democracias representativas tienen un sesgo en contra de las decisiones de política económica que favorecen el libre comercio.  Este fenómeno también ocurre con las políticas de lucha contra la pobreza, y, en ocasiones, con las que logran avances notables en la tasa de crecimiento. Como lo ha señalado un editorial reciente de Portafolio, China, que opera bajo un régimen dictatorial, ha tenido más éxito que la India, una democracia sólida, en combatir la pobreza. No puede ignorarse, de otro lado, que los notables procesos de auge económico en la España franquista y en Chile bajo Pinochet se dieron en ambientes de cerrado autoritarismo.

Varias razones ayudan a explicar estos episodios: los legisladores, al margen de sus convicciones ideológicas, tienen con frecuencia una mayor inclinación a defender los intereses de sus votantes, patrocinadores y regiones, que son quienes le ayudan a financiar su próxima campaña, que a la promoción del bien común. Las estrategias indirectas de lucha contra la pobreza, por la vía de ganancias en productividad, competitividad y mayor inversión, son más eficaces, aunque menos populares, que las que se fundamentan en la redistribución de rentas y riqueza. La necesidad de ahorrar, para consolidar el crecimiento en el largo plazo, puede implicar dolorosas postergaciones del consumo presente.

El reconocimiento de estas realidades no puede servir de argumento para la defensa de los regimenes dictatoriales, no solo por elementales consideraciones de ética política y compromiso con los derechos humanos, sino también, desde la perspectiva estrictamente económica, porque es el ambiente de discusión abierta y permanente la mejor garantía de calidad sobre las políticas que las autoridades adoptan. Y, en última instancia, porque ningún país ha llegado a  niveles elevados de ingreso per-capita y bienestar social por fuera de las instituciones democráticas. De allí que no haya más remedio que “debatir, debatir y debatir”.

Por razones como las enunciadas, el libre comercio, a pesar de constituir una decisión óptima desde el punto de vista económico, tropieza con enormes dificultades para materializarse en ambientes democráticos. ¿Pero por qué, si ello es así, los beneficiarios del libre comercio no se imponen? Porque mientras que las ventajas de las restricciones están concentrados en ciertos grupos, los beneficiarios de las reformas -los consumidores, en muchos casos- están atomizados y carecen de vocería política adecuada. Así lo demuestra el debate que se da en los Estados Unidos con motivo de la aprobación del Tratado de Comercio con los países de Centroamérica. Las dificultades para obtener los votos necesarios en el Congreso provienen de la enorme capacidad del lobby azucarero en la defensa de una producción altamente subsidiada que difícilmente podría competir con la de Centroamérica o con la nuestra. Por eso, con impecable racionalidad, los productores de azucar invierten cuantiosos recursos en financiar campañas parlamentarias. Es la forma correcta defender rentas cautivas derivadas de la regulación.

En los países en desarrollo el problema se agrava por la debilidad fiscal de los gobiernos. La estrechez de recursos hace que el costo de políticas sectoriales proteccionistas no recaiga sobre la masa global de los contribuyentes, lo cual podría garantizar alguna progresividad o, al menos, neutralidad en el gasto público, sino que se traslade a los consumidores, con mayor incidencia en los pobres, a través de altos aranceles, que incrementan, de modo inequitativo pero difícil de percibir, los precios de bienes en muchos casos esenciales.

Para evitar este indeseable resultado los gobiernos deben rediseñar las políticas sectoriales basadas en la protección arancelaria. Una alternativa adecuada consiste en reemplazarla por la asignación de subsidios directos desligados del comercio internacional.  Hacerlo resultaría más transparente y progresivo; también más democrático. Así sea.