No existe acuerdo entre los economistas sobre el papel del sector financiero en el crecimiento. Incluso ganadores del Premio Nóbel como Robert Lucas y Merton Miller sostienen puntos de vista opuestos. Mientras el primero desestima al sector financiero como un determinante del crecimiento, para Miller la idea de que los mercados financieros contribuyen al desarrollo es tan obvia que no merece mayor discusión. Para mi no hay duda de que un buen sistema financiero es un ingrediente clave en el elusivo camino hacia la prosperidad. Lo demuestran la estrecha correlación positiva entre la tasa de crecimiento y el grado de profundidad financiera, y el impacto negativo que las crisis bancarias tienen en el desempeño de la economía.

Dicho lo anterior cabe añadir que existe cierto grado de indiferencia sobre la participación relativa en el mercado financiero de los dos canales que lo integran: el intermediado o bancario y el no intermediado o “mercado de capitales”, siempre y cuando entre ellos exista adecuada complementación. O sea que el primero sea eficiente movilizando los excesos de liquidez de unos agentes hacia otros y atendiendo las necesidades de crédito de hogares y pequeñas empresas, en tanto que el segundo satisfaga las de medianos y grandes emprendimientos y de los agentes estatales mediante la emisión de deuda y participaciones de capital. Uno y otro deben ampliar las coberturas de tipos de cambio e interés en lo cual tenemos un lamentable retraso que el Gobierno actual no ha tenido éxito en resolver. Todavía hay muchos agentes económicos persuadidos de que el tipo de cambio puede ser objeto de medidas directas de control. 

De otro lado, un marco legal que garantice el cumplimiento de los contratos, proteja los derechos de acreedores y accionistas minoritarios (no sólo los de los deudores, como a veces tiende a creerse), garantice la transparencia de la información y promueva el buen gobierno corporativo, facilita la canalización del ahorro hacia proyectos de inversión y costos razonables para los usuarios.  

Los dos últimos gobiernos han venido trabajando en el fortalecimiento y consolidación del sector financiero. La Administración Pastrana evitó la extensión de la crisis financiera que se gesto en años que preceden a su mandato y aunque es posible discrepar de la forma de financiarla (el impuesto a las transacciones financieras) la resolvió con celeridad y firmeza. La actual ha ayudado a extender el crédito institucional a sectores que tradicionalmente han tenido poco acceso. La Ley de valores recientemente aprobada por el Congreso propicia el buen gobierno corporativo, mejora la protección de los accionistas minoritarios, contribuye a reducir los riesgos inherentes a las operaciones bursátiles e induce mayor transparencia de la información. De esta forma se estimula la oferta de valores en el mercado por el sector privado, que deberá ser su gran animador en años futuros, si somos capaces, lo que está por verse, de resolver el grave problema fiscal que arrastramos desde hace una década.  

Esta ley se enmarca dentro de un proceso de modernización de las instituciones económicas de la que hace parte la ley de estabilidad jurídica, recientemente aprobada, la cual deberá ser complementada, ojalá en un futuro cercano, con un nuevo régimen de insolvencia, una reforma tributaria estructural y otra profunda del estatuto orgánico del presupuesto. Resolver, de modo definitivo, los problemas financieros y de equidad inherentes al financiamiento de las pensiones es una condición indispensable para despejar el futuro de las finanzas publicas. Igualmente se precisa una reforma financiera centrada en la eficiencia operativa de la banca para que sea factible reducir los márgenes de intermediación. Hemos avanzado, es cierto, pero falta muchísimo por hacer.