El precio de equilibrio de un producto o servicio cualquiera es aquel al cual se igualan las cantidades demandadas y ofrecidas; de ordinario, si la cantidad ofrecida aumenta, el precio cae y, a la inversa, si  ella se reduce, el precio tiende a subir.  Por lo tanto, si el bien o servicio es gravado, la demanda tenderá a reducirse.

Basado en estas nociones, ANIF considera un disparate el proyecto de ley que pretende, mediante la ampliación del catálogo de contribuyentes al Fondo de Promoción Turístico, y la creación de un impuesto a la entrada de viajeros, expandir las fuentes de recursos que se destinan a difundir los destinos turísticos maravillosos -ignotos en muchos casos- que Colombia tiene.  Estos tributos, es su conclusión, antes que estimular la venida de turistas se convertirá en un obstáculo.

Esta afirmación sería correcta si se asume que existe una alta elasticidad de la demanda en función del precio, que es lo que ANIF cree porque: “1. El turismo no es un bien de primera necesidad; y 2. Abundan los bienes sustitutos en otras zonas geográficas (sin guerrilla o narcotráfico, etc.)”. La primera de estas afirmaciones es muy discutible: El turismo ha dejado de ser, desde mediados del siglo XX, un consumo elitista en los países desarrollados; y aún en los de desarrollo intermedio, en la medida en que las vacaciones remuneradas son una prerrogativa a la que acceden grupos cada vez más amplios de la población. La segunda es verdadera, pero ignora los enormes avances que el país ha logrado en la lucha contra la delincuencia. Cruzarnos de brazos en las tareas promocionales, mientras logramos índices de seguridad como los de Suiza, no es la actitud adecuada. “A Dios rogando, y con el mazo dando”.     De otro lado, la formación de precios en un mercado competido supone que compradores y vendedores cuentan con la información necesaria para tomar decisiones racionales. ANIF considera que esto es lo que ocurre con los productos turísticos; basta buscarlos en Internet. Si esto fuera suficiente, los vendedores de automóviles, zapatos, o de casi cualquier cosa, no gastarían enormes sumas de dinero en publicidad.

Las cifras disponibles demuestran que existe una alta correlación positiva entre las sumas que el país invierte en la promoción y la llegada de turistas extranjeros; y que todos ellos destinan sumas superiores a las muy exiguas que nosotros dedicamos a ese propósito: México, US$80 millones; República Dominicana, 27; Perú, 21;  Guatemala, 10.5; Colombia 2.  Como estas expensas son financiadas con impuestos a los viajeros y cargas parafiscales, la “peregrina idea”, según ANIF, de hacer lo mismo, es, más bien, “el estado del arte”.

Dado que con la aprobación de la ley, pasaríamos a tener una suma superior a los US$8 millones anuales para la promoción turística, la cuestión pasa a ser otra: cómo utilizarlos bien. Postulo tres criterios: Evitar que los recursos se atomicen, destinar una buena porción a la promoción externa, y en cuanto a la doméstica establecer reglas claras de equidad regional.  

Llegados a este punto hay que preguntarse: ¿Cuál sería la razón para financiar con impuestos la promoción de países o regiones? Por tratarse de bienes públicos, cuya provisión beneficia a todos, o a contingentes amplios de personas, contribuyan o no a sufragar las correspondientes expensas, los particulares no tienen estímulos suficientes para realizarlas.

Hay, por último, una cuestión de equidad. Desde 1996 sectores como el hotelero y el de agencias de viajes contribuyen al fondo promocional, mientras que otros, que también se benefician, como los de transporte aéreo y los concesionarios viales, no lo hacen. La ley propuesta resuelve el punto.