Muhammad Yunus, uno de los creadores del microcrédito, observó en una aldea cercana a su universidad, en Bangladesh, que las familias más pobres estaban sometidas al yugo de los agiotistas que les cobraban tasas de interés del 10% semanal; esto equivale a una tasa anual absurda: ¡catorce mil por ciento! La conclusión de Yunus, aun cuando sencilla, resultó innovadora: si los más pobres pagan esos exorbitantes costos para sobrevivir sumidos en la miseria, la reducción de sus expensas financieras les permitiría  mejorar sus condiciones de vida.

De esos conceptos de los años setenta surgió lo que hoy conocemos como microfinanzas: la satisfacción de las necesidades de los pobres por lo que respecta a crédito, gestión del ahorro, seguros, pensiones y manejo de su liquidez.  Las experiencias en varios países asiáticos y Bolivia, entre otros, ha puesto de presente que los pobres reciben beneficios sustanciales si pueden acceder a servicios financieros institucionales; y que, además, pueden pagar lo que ellos valen en un mercado transparente y competitivo. Importante constatación que nos permite superar el asistencialismo estatal que es siempre escaso y, con frecuencia, ineficiente.  

Con estos criterios el Gobierno actual invitó al sector financiero a que se comprometiera a asumir metas específicas de crédito a favor de los segmentos de la población que tradicionalmente han estado al margen de la banca.  Para facilitar este propósito se introdujeron reformas en el Fondo Nacional de Garantías, una entidad financiera estatal, a fin de que asumiera una porción del riesgo crediticio. Entre ellas cabe mencionar que se le sometió a la vigilancia de la Superintendencia Bancaria, lo cual apunta a una mejor gestión de sus riesgos, y a la preservación de una relación adecuada entre el monto de los amparos otorgados y su patrimonio. Fue claro desde el comienzo que  los  bancos participantes en el programa actuarían sin intervención del gobierno en cuanto a las tasas de interés y, menos aún, en la asignación de los préstamos. Igualmente, que se preservaría la información sobre el comportamiento de los deudores en la atención de sus obligaciones. En ausencia de este instrumento resulta tan difícil al banquero conceder crédito, como al medico definir la terapia adecuada sin conocer la historia clínica del paciente.

Los resultados han sido estupendos. A partir del convenio entre los bancos y el Gobierno numerosas entidades decidieron incursionar en esta actividad. En abril de 2005 la cartera de microcrédito ascendió a $980 mil millones, cifra que excede en el 208% a la registrada en agosto de 2002; y mientras el conjunto de los préstamos bancarios en la actualidad crece al 13%, el microcrédito lo hace al 64% anual. Adicionalmente,  entidades sin ánimo de lucro que se especializan en esta actividad, siguen jugando un papel protagónico, tanto directamente como a través de alianzas estratégicas con la banca tradicional, o con las cajas de compensación que recientemente han sido habilitadas para suministrar algunos servicios financieros.

Sin embargo, las cifras indican que aún hay mucho camino por recorrer: sólo el 28% de los hogares colombianos tiene cuenta de ahorro; en el 31% de los municipios del país no hay sucursales bancarias; un estudio del Banco Mundial calculó que en Bogotá el 60% de la población no tiene acceso a servicios financieros. Vamos por buen camino pero es necesario apurar el ritmo. Para que el éxito nos acompañe hay que persistir  en el compromiso con los principios: manejo profesional del riesgo, tasas de mercado y, por supuesto, una banca empeñada en servirle -también- a los pobres. Hacerlo está en el corazón de su responsabilidad social.