O en palabras de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, a la cual han adherido la gran mayoría de  los Estados civilizados, "Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe". Entre ellos se encuentra el Tratado   mediante el cual se creó la Organización Mundial de Comercio, al que nosotros adherimos en 1994. En su calidad de miembro de pleno derecho de la OMC, Colombia está obligada a cumplir las determinaciones que, bajo la estricta regla del consenso, adopten sus integrantes.
 
Entre los estatutos básicos de la  OMC se encuentra  el "Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias". Allí se prohibe la concesión de subsidios a las exportaciones, categoría que abarca, por ejemplo, las exenciones del impuesto de renta a las exportaciones realizadas desde zonas francas. Para el desmonte de los subsidios proscritos se negoció, mucho antes del inicio del actual gobierno, que el desmonte ocurriría a más tardar en el 2002; nosotros logramos un plazo adicional que vence en el 2006. Como prueba de buena fe pedimos al Congreso ratificar este compromiso. Así ocurrió.
 
 
Ángela Orozco (Portafolio, Enero 28) censura esta determinación convencida de que en defensa del interés nacional no tiene sentido "ajustarse unilateral y pasivamente a la OMC"; cumplir sus normas constituye una "ingenuidad". Por el contrario, antes deben adelantarse  negociaciones para obtener algo a cambio. Vale la pena examinar sus argumentos.
 
El primero, y de mayores  implicaciones para la  política exterior de la República, consiste en afirmar que "Colombia fue obligada a renunciar a sus estímulos a las exportaciones al ingresar al código de subsidios del GATT". La imputación es gravísima. Si  tuviere razón, el consentimiento de nuestro país al ingresar al sistema multilateral de comercio estaría viciado de nulidad. La consecuencia necesaria consiste en que debemos  poner en marcha los mecanismos  previstos en el derecho internacional para deshacer los compromisos adquiridos, no importa que quedemos convertidos en una suerte de parias. Aún cuando sólo poquísimos países están al  margen de la OMC, el honor nacional tiene precedencia sobre el comercio.
 
Otra afirmación interesante de la Ex-ministra consiste en  "que los programas o políticas no son violatorios hasta que no se declaren como tal (sic) por los órganos competentes". Lo cual equivale a decir que no es delito matar -o robar en el supermercado, o alterar los estados financieros de la empresa-  si uno no es sorprendido.
 
El último concepto de mi antecesora que quiero replicar consiste en que como los Estados Unidos no cumplen sus compromisos en la OMC, es  tonto que nosotros lo hagamos; imitarlos, más bien, sería la conducta inteligente. Dejando de lado la dimensión moral del argumento, diré que la afirmación es, en buena parte, falsa. A pesar de todo su poder, el Gobierno de Bush tuvo que acoger, por ejemplo, el fallo que le ordenó desmontar las restricciones a la importación de acero.
 
Cumplir las reglas constituye un imperativo ético; hacerlo por cínico cálculo de conveniencia puede ser rentable, así no sea de manera inmediata. Aprendí en mi juventud que "si los pícaros supieran las ventajas de ser hombres de bien, serían hombres de bien  por picardía".