Bienvenido el debate en el Senado al que ha sido citado el Ministro de Comercio sobre la exposición de la producción agrícola a la competencia externa. Garantizar el buen desempeño del agro resulta crucial por razones económicas, sociales y políticas. El cuestionario aportado por los citantes recaba información sobre la evolución del área sembrada en la pasada década, y como de antemano se sabe que esta cayó en el 19%, el dato será utilizado como prueba reina para demostrar los efectos nefastos de la apertura realizada a comienzos de los noventa y, por supuesto, de la inconveniencia de continuar avanzando en la internacionalización de la economía.
Ante todo debe señalarse que los términos de la discusión son incorrectos. No tiene importancia el área sembrada, cifra sin relevancia económica y social que ignora que el valor de la producción no ha dejado de aumentar; las ganancias en productividad -mayor producción por unidad de área-; y el comportamiento del empleo que a pesar de una leve caída entre 1992 y 1994 ha crecido así sea de modo poco dinámico. El énfasis en la superficie cultivada pasa también por alto la importante reestructuración del agro en años recientes: los cultivos transitorios perdieron participación frente a los permanentes, y la agricultura frente a la actividad pecuaria.
Esta recomposición no tiene que ver, en buena parte, con la reducción de aranceles y otras barreras al comercio exterior. La terrible crisis del algodón, que hizo estragos en la costa atlántica, obedeció a malos manejos de las plantaciones y a una sequía excepcional que tuvo lugar a comienzos de la década; nadie discute que la caída de la caficultura se explica por el exceso de producción mundial. Disminuyeron también los cultivos de sorgo y soya que fueron desplazados por la caña de azucar cuya rentabilidad en el Valle del Cauca es superior. Cierto es, de otro lado, que la falta de competitividad, la insuficiencia de la producción y el crecimiento del consumo doméstico, llevaron al gobierno de la época a facilitar la importación de maíz, cebada y trigo.
¿Fue insensata está decisión? Es difícil afirmarlo. Tomemos el caso extremo del trigo. Desde 1960 la producción nacional no suple la demanda interna, la que en la actualidad se satisface en un 90% con importaciones. Prohibir estas equivaldría a privar al pueblo de la posibilidad de consumir pan y pastas a precios razonables. Por fortuna, gracias a la ingeniería genética y a nuevas prácticas culturales se abren interesantes posibilidades para el algodón y el maíz, cultivos promovidos ahora por el Gobierno, los que, desde luego, hay que proteger en las negociaciones internacionales en curso. Así se hizo en el tratado suscrito con Mercosur y se hará en la que recién comienza con los Estados Unidos.
Tiene, pues, mucho de leyenda negra la tesis según la cual la denominada "apertura" causó estragos en el campo. Sin embargo, como lo que hoy importa es profundizar la internacionalización de la economía, para que crezca a tasas mayores y se generen mas y mejores empleos, es conveniente advertir que existen, entre aquella estrategia y la actual, diferencias sustanciales.

El ciclo iniciado hace 10 años fue unilateral, no negociado como el de ahora; operó de manera súbita, no con amplios periodos de desgravación como los pactados con los países del sur; y se dió en un ambiente de reevaluación de la moneda que no se vislumbra en el horizonte. Nos estamos quedando sin petróleo y no es factible mantener a mediano plazo un déficit fiscal abultado financiado con recursos externos. Pasajeros del futuro, por favor subirse.