En 1986 un reducido grupo de académicos, en su mayoría nacidos en nuestra región, publicó un libro que pronto adquirió notoriedad: "Hacia la recuperación del crecimiento económico en Latinoamérica". Ese renombre obedece al cambio de agenda que sus autores plantearon y a la aguda estigmatización de que fue objeto. El "Consenso de Washington" -que es el rótulo con que se conocen sus propuestas- es considerado por la izquierda radical como una conjura imperialista fraguada por los Estados Unidos, el Fondo Monetario y el Banco Mundial para mantener en el atraso a nuestros países.

 

Más si sus propuestas no perseguían, como se ha dicho hasta el cansancio, instaurar el capitalismo salvaje, desmantelar las redes de protección social y abandonar a los pobres a su propia suerte, ¿Cuál era, entonces, la esencia de sus iniciativas? Desde luego, una economía liberal en la que el mercado cumpla su función de asignar con eficiencia los recursos económicos de la sociedad en un entorno de apertura al exterior. Esto que hoy parece obvio para muchos implicó un severo desafío al pensamiento económico en boga. Entonces se creía en la conveniencia del dirigismo económico; el desarrollo a cualquier costo y por razones de soberanía nacional de la industria pesada; la importancia de reservar para empresas estatales los sectores estratégicos, siderurgia y telecomunicaciones, por ejemplo; y las bondades del modelo de sustitución de importaciones.

 

Economía liberal, sí, pero también estable en sus tipos de cambio y de interés, cuyo funcionamiento no se viera amenazado por altas tasas de inflación que deterioran el crecimiento y golpean con especial insidia a los pobres al envilecer sus ingresos y esfumar el valor de sus escasos ahorros líquidos. Este postulado implicaba la necesidad de buscar el saneamiento de las cuentas fiscales y la obtención de una posición cercana al equilibro en la cuenta corriente de la balanza de pagos.

 

Bajo el liderazgo de Pedro Pablo Kuczynski, quien en la actualidad se desempeña como Ministro de Finanzas de Perú, en marzo de 2003 se realizó una nueva reflexión colectiva para indagar qué pasó en estos años y proponer una agenda relevante, al menos, para estas primeras décadas del siglo XXI. Los hallazgos contenidos en "Después del consenso de Washington" son preocupantes: cierto es que los indicadores sociales básicos -expectativa de vida al nacer, mortalidad infantil, alfabetismo y acceso al agua potable- han mejorado; también que la inflación se ha reducido por doquier. Pero, del otro lado, la pobreza no ha disminuido, la distribución del ingreso sigue deteriorándose, el crecimiento es magro y buena parte de los países de la región han sufrido devastadoras crisis. ¿Qué pasó? Que los avances en la liberación económica no fueron complementados con la corrección de los desbalances estructurales -fiscal y cambiario- con una política social eficaz y con una reforma a fondo del Estado.

 

Colombia viene avanzando aunque a ritmos diferentes. El déficit consolidado del sector público se ha reducido casi a la mitad; luego de la fallida experiencia con un control de cambios indirecto, la tasa de cambio fluctúa con libertad, medida indispensable para evitar ajustes traumáticos; la economía crece a tasas mayores, pero no lo suficiente para reducir drásticamente el desempleo; los cupos en la educación básica y media, y la capacitación impartida por el Sena, muestran un comportamiento alentador, probablemente pueda decirse lo mismo en cuanto a su calidad y pertinencia; los programas de microcrédito han tenido un excelente desempeño, opacado por la magnitud de las necesidades insatisfechas. Pero tenemos muchas tareas pendientes. La reforma pensional para sólo referirme al hueso más duro de roer.