Según una percepción popular generalizada mientras las unidades productivas son la que generan valor, los agentes financieros nada añaden pero se apropian de una porción de lo que otros con enormes esfuerzos han obtenido. En contra de esta afirmación simplista la experiencia demuestra que un sistema financiero bien desarrollado es un componente esencial del crecimiento y predictor adecuado del desempeño económico.
En la actualidad se considera óptimo tener un sistema financiero integrado por dos canales. Uno intermediado o bancario que sirve para suministrar recursos de capital de trabajo a las empresas y crédito a las familias para sus necesidades de consumo o adquisición de bienes durables, la vivienda, fundamentalmente. Otro no intermediado en el que a través de la emisión de acciones y títulos de deuda los empresarios acceden de modo directo al ahorro financiero con el fin de atender sus requerimientos de inversión; o cubren ciertas contingencias como las que gravitan sobre el tipo de cambio o el precio de ciertos bienes básicos.
Que carezcamos de un mercado no intermediado sólido contribuye a explicar la excesiva concentración del crédito provisto por los bancos, como lo demuestra el hecho de que sólo 5.000 usuarios reciban casi el 70% del crédito comercial disponible; o el riesgo que para la estabilidad de la banca genera el financiar necesidades de largo plazo con recursos captados a la vista y, a lo sumo, 6 meses. En este contexto vale la pena destacar que Bancoldex ha abierto una línea de crédito por $1.5 billones, con plazos de hasta 12 años y 3 de gracia, para financiar la modernización de las pymes. El mensaje es clarísimo para las empresas grandes: acudan por los fondos que necesitan para este fin a sus accionistas o al mercado de capitales.
Útil como debe ser esta decisión es obvio que se requieren también medidas estructurales. A esta categoría pertenece la ley del mercado de valores que avanza bien en el Congreso. Este mercado requiere, en sus distintas modalidades, reglas de juego e instituciones adoptadas por la autoridad pública para que pueda funcionar con eficiencia y seguridad, que es lo que la propuesta gubernamental pretende. Es conveniente, por ejemplo, la idea de establecer un registro de las personas que actúan profesionalmente en el mercado y que se las someta a exámenes periódicos de idoneidad; en fin de cuentas de sus decisiones equivocadas o venales pueden derivarse graves perjuicios colectivos. Creemos valiosa la propuesta de crear un tipo nuevo de agente profesional en el mercado de valores, las “cámaras de riesgo central de contraparte”, que sirven para movilizar garantías de conjuntos amplios de intermediarios de modo que pueda tenerse a priori la certeza de que todas las operaciones en el mercado público serán liquidadas plena y oportunamente.
Las reglas para el funcionamiento de las sociedades que emiten valores en el mercado público contenidas en la ley nos pondrían a tono con las que rigen en países más avanzados: sus juntas directivas deben tener no menos del 25% de directores independientes; los comités de auditoría serían obligatorios y estarían integrados únicamente por tales directores los cuales deben aprobar previamente los estados financieros. Por último, conviene señalar que el eje de los modernos mercados de valores es la utilización de sistemas de registro electrónico que permiten su funcionamiento de modo desmaterializado. Para consolidar este avance jurídico fundamental se estipula que “la anotación en cuenta será constitutiva del respectivo derecho”.
Poco a poco, pues, Colombia avanza en su agenda interna y mejora su competitividad. Como en el verso de Machado “…se hace camino al andar”.