Suele asumirse que el buen columnista es aquel que despliega una capacidad analítica superior para demostrar que algo funciona mal, o que alguien, usualmente en el gobierno, se equivoca de cabo a rabo; dar buenas noticias es contrario a las convenciones propias del género. Tal vez la temporada navideña haga tolerable que cuente algunas buenas noticias.
 
Al comienzo del gobierno actual se planteaban retos interesantes en el campo financiero. Entre ellos cómo afrontar la crónica falta de acceso al crédito institucional que padecen las micro, pequeñas y medianas empresas; qué hacer con el Instituto de Fomento Industrial, el que a pesar de los esfuerzos de la administración precedente continuaba sumido en la crisis; y cómo reestructurar la banca de redescuento, en especial el Banco de Comercio Exterior, para que cumpliera un papel relevante en la movilización del ahorro financiero complementando las tareas propias de la banca comercial o de primer piso. Revisemos las decisiones  tomadas y los resultados que se han obtenido en estos dos años largos.
 
La sabiduría convencional postula que los empresarios de menor tamaño no  acuden a los bancos en demanda de financiamiento porque el interés del mercado es superior a sus posibilidades; por este motivo suele creerse que la solución correcta consiste en subsidiar la tasa de interés. Este diagnóstico es incorrecto. En el amplio mercado informal, que, por cierto, funciona con gran fluidez, se pagan por los empresarios de este segmento tasas que exceden significativamente las del mercado institucional. El problema es otro, como ya otros países, especialmente en el Asia, lo tienen aprendido: falta de garantías. Por este motivo, se tomó la decisión de fortalecer la credibilidad de las que expide el Fondo Nacional de Garantías, una entidad pública creada años atrás para compartir riesgos de cartera con el sistema financiero,  sometiéndola a la vigilancia de la Superintendencia Bancaria. Esta decisión tuvo un impacto notable. Mientras en Septiembre de 2002 las garantías vigentes sumaban $431.536 millones, dos años después su valor había crecido en un 134% en beneficio de 185.390 pequeños empresarios.
 
Sólo para resolver fallas de mercado se justifica que el Estado tenga intermediarios financieros. Supeditar los estrictos criterios que deben aplicarse en la asignación de préstamos a consideraciones de mal entendido beneficio social  genera riesgos y tentaciones enormes que suelen terminar en crisis financieras, o en costosas operaciones de rescate con cargo a fondos públicos.  A una operación de esta índole estaba condenado el IFI a fines del 2002. Entonces se decidió disolverlo previa cesión de sus activos de buena calidad a Bancoldex. Todos los ahorradores recibieron oportunamente sus acreencias y el gobierno ha tenido tiempo para diluir las pérdidas que se hicieron explícitas.  
 
La recepción por Bancoldex de unas carteras que no estaban vinculadas al comercio exterior y el desaparecimiento del IFI, crearon la coyuntura para redefinir su misión institucional. El Banco es ahora una institución de desarrollo, no exclusivamente de comercio exterior, que suministra recursos a las pymes, a plazos mayores que los de antes, por la vía del redescuento con el fin de ayudarlas a realizar las transformaciones que las hagan progresar en competitividad y productividad. Tal es objetivo de la línea de $1.5 billones que acaba de poner a disposición de sus clientes. Ofrecer préstamos con plazos de hasta 12 años de plazo y 3 de gracia es una innovación que impactará positivamente la situación de las pymes que la utilicen. Por primera vez en la historia del Banco no hay un cupo para grandes empresas. El mensaje para ellas es clarísimo: acudan a sus socios o al mercado de capitales.
 
Moraleja: Se puede hacer banca social ceñidos a la ortodoxia financiera.