En cumplimiento de los compromisos adquiridos diez años atrás al finalizar la Ronda Uruguay, el primero de enero finalizará el Acuerdo Multifibras, un mecanismo proteccionista adoptado por los países desarrollados para restringir, a través de la imposición de contingentes, el acceso de textiles y confecciones a sus mercados. El país más perjudicado por este sistema ha sido China, seguido por la India, Sri Lanka y Bangladesh; en su caso las cuotas equivalen a un arancel superior al 50% en Estados Unidos y Canadá o al 25% en la Unión Europea. Los beneficios, como es obvio, han sido para los Estados Unidos y la Unión Europea que han podido mantener una industria ineficiente, pero también para México, Centroamérica, República Dominicana y Colombia que jamás han completado las cuotas que les fueron asignadas y que han recibido ventajas de acceso al enorme mercado norteamericano.
Los cambios previstos en el mercado de los Estados Unidos son dramáticos. China, que a pesar de las restricciones que padece tiene una participación del 16% pasaría, en breve término, a gozar de la mitad de la torta. Los países de este hemisferio, que en conjunto abastecen el 26%, caerían al 8%. Wal-Mart, al igual que los otros grandes distribuidores de vestuario, que hoy compran las prendas en algo así como 50 países, en el futuro lo harán de cinco o seis.
Para Colombia el reto es enorme: el 89% de los textiles y confecciones que hoy exportamos a los Estados Unidos está protegido de la competencia asiática por el sistema de cuotas. Finalizado este, la competencia será intensa, tanto con China y la India, como con Centroamérica y República Dominicana, que ya negociaron la consolidación de sus preferencias. Que nos vaya bien es crucial: el sector textil-confecciones aporta alrededor del 20% del empleo industrial y de las exportaciones no tradicionales. La ostensible recuperación del cultivo del algodón, en calidades, volumen y productividad, está ayudando a la recuperación del empleo rural y a la pacífica ocupación del campo, empeños en los que hay que persistir.
Estamos, pues, en “alerta amarilla”. ¿Cómo debemos afrontarla? Ante todo hay que superar la visión arcaica que hace depender la suerte de cada uno de los eslabones de la cadena de la solidaridad del siguiente; proceder así pone en riesgo la permanencia en los dinámicos mercados externos de los que más valor agregan. Para los algodoneros su meta debe ser producir a precios internacionales, lo cual requiere que durante un periodo de transición el Gobierno les garantice un precio mínimo. En el sector textil es preciso que se realicen con urgencia las inversiones requeridas para mejorar la capacidad instalada, so pena de que en un entorno de creciente libertad comercial las telas vengan de afuera. En reciprocidad a las ventajas que consigamos en el exterior, las prendas que producimos tendrán que competir en el mercado interno a la vuelta de algunos años.
Al Gobierno hay que pedirle estabilidad en las reglas de juego (no más incrementos arancelarios súbitos en contravía de las tendencias a su reducción gradual), la pronta expedición de una nueva legislación sobre zonas francas que sea compatible con los compromisos adquiridos en la OMC, una buena negociación del TLC con los Estados Unidos, respaldo para recuperar la capacidad de exportación del algodón nacional, certeza en cuanto a la magnitud y oportunidad de los apoyos estatales al sector algodonero.
El fin del extenuante conflicto en torno a la absorción del algodón nacional crea un ambiente propicio para el diseño concertado de una nueva política sectorial. Hay que aprovecharlo bien.