En reciente columna -“Justicia Penal Internacional”- me ocupé de la  creación, por el Estatuto de Roma, de la Corte Penal Internacional para juzgar crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio, cuando las autoridades nacionales, en principio competentes, se abstengan de hacerlo. Dije también que la Corte se encontraba próxima a adelantar los primeros juicios y, que bajo el supuesto de que en Colombia podrían cometerse delitos susceptibles de caer bajo su competencia, resulta indispensable que seamos particularmente severos en la lucha contra cierta delincuencia que aspira a la impunidad dado el móvil político, muchas veces espurio, que invoca.

Pues bien: Guillermo Fernández de Soto, quien con talento y dignidad ejemplares se desempeñó como Canciller de la República durante el Gobierno anterior y hoy ejerce como Embajador nuestro en los Países Bajos  -sede de la Corte Penal Internacional-  me ha dirigido una carta en la que formula útiles precisiones al respecto que debo compartir con mis lectores.

Colombia, al adherir al Tratado de Roma, hizo, en primer término, una reserva para excluir de la competencia de la Corte durante un periodo de 7 años los crímenes de guerra, y, en segundo, declaró que su interpretación de las disposiciones de aquel no impedía al Estado colombiano conceder “amnistías, indultos o perdones judiciales por delitos políticos”, saludable previsión esta última que permite que leyes como la de “Justicia y Paz” puedan realizar dos valores que, en casos de violencia generalizada y arraigada, es necesario conciliar: la de castigar a los victimarios y reparar a las victimas, pero, al mismo tiempo, recuperar el bien supremo de la paz, lo cual a veces exige otorgar a los criminales ciertos beneficios de carácter excepcional. 

Por otra parte, al amparo del principio de complementariedad que establece que la Corte solo puede entrar a actuar cuando los Estados no tienen la disposición o la capacidad para llevar a cabo investigaciones y juicios, los grupos armados al margen de la ley tienen una oportunidad única para que opere a plenitud el sistema acusatorio recientemente adoptado y los mecanismos judiciales previstos en la Ley de “Justicia y Paz”.

El Tratado de Roma dispone que ciertas conductas, tales como el homicidio, el secuestro, la tortura, el desplazamiento forzado etc., -todas las cuales hacen parte de nuestro repertorio de horrores- configuran lo que se conoce como crímenes de lesa humanidad pero a condición de que hagan parte de “…un ataque generalizado o sistemático contra la población civil… ”.  El conflicto colombiano tiene un difuso componente político y está crecientemente determinado por el narcotráfico; no es una guerra civil que involucre de esa manera -generalizada y sistemática- a grandes masas de población.  Por lo tanto no se puede decir a priori que tales tipos de delitos entren dentro de la categoría de crímenes de competencia de la Corte por horribles que estos sean.

Y con relación al delito de genocidio creo, como lo anota mi ilustre interlocutor, que este tipo de delito no se comete en Colombia. Ninguno de los grupos irregulares existentes se ha propuesto, como ocurrió en la Alemania Nazi, la abolición de un determinado grupo étnico. Cierto es que comunidades indígenas o negras han sido objeto de masacres, pero no por motivos raciales sino para despojarlas de sus tierras  o presionarlas a facilitar la acción de los violentos. 

Más al margen de estas consideraciones técnicas, es presumible que se intente erosionar la legitimidad del Estado Colombiano tratando de que sea obligado a comparecer ante la Corte Penal Internacional. Es indispensable, por lo tanto, que la Fiscalía y los jueces actúen con gran diligencia persiguiendo la delincuencia organizada, y que, en la esfera política, estemos alertas, como, por fortuna, lo está nuestro Embajador en los Países Bajos.