Se trata del delito de traición a la Patria cometido por el propio Presidente de la República. La sindicación proviene del Senador Jorge Enrique Robledo, estudioso y diligente vocero del Polo, quien se propone acusarlo ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara, a fin de que ésta pida a la plenaria del Senado destituirlo y enviarlo a prisión. ¿Cuál es el horrendo crimen cometido por el Presidente Uribe contra Colombia? Hacer lo que otros países, con beneficios incuestionables, han hecho: negociar tratados de comercio, entre ellos con Estados Unidos. Según el Senador Robledo, este proyecto “de anexión de la economía nacional por la de Estados Unidos”, “convertirá al país en una especie de colonia estadounidense”.

Dice el artículo 455 del Código Penal: “El que realice actos que tiendan a menoscabar la integridad territorial de Colombia, a someterla en todo o en parte al dominio extranjero, o a afectar su naturaleza de Estado soberano, o a fraccionar la unidad nacional, incurrirá en prisión de veinte a treinta años”. Si la premisa de la cual el Senador Robledo parte es verdadera, y el TLC, en efecto,  persigue convertir a Colombia en “una colonia estadounidense”, no hay lugar a duda: el Presidente, al firmar el tratado con los Estados Unidos, es reo de traición a la Patria por someter a la República “al dominio extranjero”, y debe irse a la cárcel por el dilatado periodo que la ley establece, no importa cuáles sean las consecuencias para el país. “Dura lex, sed lex”.

Ahora bien: el eventual tratado con los Estados Unidos no puede entrar a regir sin que el Congreso lo apruebe, y sin que la Corte Constitucional confronte cada una de sus cláusulas con la normativa constitucional.  Si aquel aprueba el tratado, y ésta lo declara ajustado a la Carta, los integrantes de ambos organismos que voten a favor serían también punibles en su calidad de coautores, que  son “…los que, mediando un acuerdo común, actúan con división del trabajo criminal atendiendo la importancia del aporte” (Código Penal, art. 29). Es decir: como el designio criminal de convertir a nuestra Patria en una colonia extranjera no puede cumplirse sin la intervención de la mayoría de los congresistas y magistrados, ellos también serían punibles. Nos quedaríamos, pues, no sólo sin el Presidente titular sino, también, sin la mayoría de los miembros del Congreso y de la Corte Constitucional quienes irían a parar con sus huesos a la cárcel. Suena un poco drástico pero así es.

Aún más: como el Presidente Uribe no podría realizar el vil delito que el Senador Robledo le atribuye sin el concurso de varios de sus ministros y de un equipo negociador integrado por más de cien altos funcionarios, todos ellos son también punibles en su condición de cómplices: es decir por haber contribuido a la realización de la conducta antijurídica en virtud de un concierto previo o concomitante a la misma. (Código Penal, art. 30). Así, pues, varios de mis colegas, y, sin duda yo mismo, nos iríamos no para el “pavimento”, como ahora se pronostica, sino para la “guandoca”. 

El Polo Democrático Alternativo, en su condición de partido opositor, hace bien en tener propuestas “alternativas” al TLC o a cualquiera otra política del Gobierno; pero cabe esperar que actúe apegado a los valores democráticos, lo cual exige no amenazar a los contradictores con mandarlos a prisión. Eso lo hacia Stalin, pero no luce a Robledo. Tampoco a Gaviria, el flamante y exitoso candidato presidencial, de cuyas credenciales democráticas sus discípulos damos fe.