Se dice que algunos impuestos son directos porque la carga económica la soporta quien es responsable de cubrir el tributo frente al Fisco, en tanto que otros son indirectos: el sujeto pasivo de la obligación tributaria puede transferirla a otros agentes económicos que son los que acaban asumiendo el peso del gravamen. También se postula que el impuesto de renta es ejemplo claro de impuesto directo, mientras que el IVA lo es de tributo transferible a la masa anónima de los consumidores.

Con fundamento en esta teoría, los impuestos directos aplicables a los individuos, que no a los entes empresariales, suelen ser diseñados de modo tal que los más ricos paguen más que proporcionalmente con relación al monto de su renta, lo que se logra con un sistema de tasas impositivas porcentuales crecientes. Proceder de esta manera se considera “progresivo”; es decir conforme con una noción generalmente aceptada de justicia impositiva.

De otro lado, como los impuestos al consumo gravan por igual a quien, por ejemplo, compra un kilo de azúcar o un televisor (el costo de diferenciar los compradores por nivel de ingreso sería enorme) suelen ser tenidos por regresivos: afectan más a los pobres que a los ricos. De allí que los impuestos directos -renta, patrimonio, predial- deberían ser la fuente principal, para financiar las cargas públicas; los tributos indirectos -IVA, fundamentalmente- deberían tener muy poco peso en el recaudo total.

No obstante, en el mundo entero la tributación no funciona con arreglo a este modelo; los tributos indirectos han ganado participación a costa de los impuestos directos. ¿Por qué? Les ofrezco dos teorías. La primera consiste en que los ricos, que controlan los gobiernos, siempre se salen con la suya; quienes queden satisfechos con esta explicación no tienen que leer los párrafos siguientes. Los demás han de tener en cuenta que, de ordinario, las empresas logran transferir el impuesto de renta a los consumidores a través de precios más altos, o a sus propios trabajadores vía menores salarios. Harán lo primero en economías cerradas, que les garantizan poca competencia; lo segundo, cuando operen en un ambiente de apertura al exterior. En ambos casos, es obvio que sectores pobres recibirán parte del impacto.

Utilizando información de 72 países a lo largo de 22 años, un estudio reciente (Hasset y Mathur, marzo 06) corrobora que impuestos empresariales altos presionan los salarios a la baja. La racionalidad empresarial conduce a compensar los incrementos de unos costos y gastos con reducciones en otros para preservar la rentabilidad esperada del negocio. Así mismo, señalan que las estructuras tributarias de los países compiten entre sí; y que cuando la inversión se desplaza de países con alta carga tributaria empresarial hacia aquellos que la tienen menor, en estos últimos aumenta la productividad laboral (más tecnología por trabajador) lo cual incrementa, a su vez, los salarios.

Un estudio reciente realizado por A. T. Kearney para Proexport concluye que la estructura tributaria es uno de los factores de mayor peso en las decisiones de inversión; y que el impacto de la tributación empresarial es más alto en Colombia que en Chile, Perú, Costa Rica y Salvador, todos los cuales compiten con nosotros por inversión extranjera. Alemania, que tiene el mismo problema, busca resolverlo reduciendo los tributos empresariales.

Todo esto debe ser tenido en cuenta en el actual debate fiscal. Para que las empresas puedan generar empleo de buena calidad, tenemos que gravarlas en condiciones parecidas a las que encuentran en países cercanos por la geografía o el nivel de desarrollo. El dilema ricos contra pobres no es tan sencillo como se cree.