En la Declaración de Doha los países ricos reconocieron “la necesidad de los países en desarrollo y menos adelantados de que se potencie el apoyo para la asistencia técnica y la creación de capacidad en esta esfera”. Tienen razón. Si todos los países que hacen parte del sistema mundial de comercio se benefician de la existencia de mayores flujos de comercio e inversión, hacen bien en contribuir a que los que se encuentran rezagados mejoren su capacidad comercial. Este es el fundamento conceptual de la denominada “ayuda para el comercio”.

Ante todo hay que decir que los aportes que se nos concedan bajo esta categoría no son los que provienen de créditos contratados a tasas de mercado con la banca multilateral. Tendrían que ser otros, no reembolsables o entregados en condiciones subsidiadas por los países “donantes”. Lamento decir que esos recursos no existen para los países de ingreso medio de América Latina. Ni Europa ni Estados Unidos están dispuestos a suministrarlos. Veamos.

Los países integrantes de la Unión Europea tienen otras prioridades: los países más pobres del África que fueron colonias suyas, todos los cuales no pueden salir de su grave situación sin una ayuda externa para resolver severos problemas de falta de agua, tierras cultivables, salud y buenas instituciones, entre otros; y, si algún remanente hubiere, por comprensibles razones políticas se destinan a resolver las múltiples necesidades de los diez nuevos países recientemente admitidos a la Unión, todos los cuales están recuperándose de los daños causados por su larga pertenencia al bloque soviético.

Téngase presente, además, que Europa considera, de modo tácito pero clarísimo, que ayudarle a Latinoamérica es responsabilidad de los Estados Unidos. No está dispuesta a ir más allá del otorgamiento de preferencias arancelarias, aunque sí a suscribir tratados de comercio –los países andinos se aprontan a negociar el suyo– pero esos instrumentos no califican bajo el concepto de “ayuda”.

Estados Unidos, de otro lado, no cree en los llamados “fondos de cohesión”, como los que con amplitud fueron transferidos a España y Grecia por los países europeos de mayor grado de desarrollo con el fin de poner en marcha el proyecto de integración del viejo continente. Desde años atrás, su propuesta para la región consiste en respaldo para el fortalecimiento de la democracia y tratados de libre comercio; primero, mediante la promoción del ALCA, y luego, ante su lamentable estancamiento, por la vía bilateral. En nuestro caso, hay también “Plan Colombia” para combatir el narcotráfico, que es una responsabilidad conjunta de la comunidad internacional. Sería injusto negar que también suministran algunos fondos concesionales para el fortalecimiento de la capacidad comercial, pero ellos son marginales.

Ante la pérdida de dinamismo de las negociaciones en la OMC, un grupo amplio de países del área, integrado por México, Chile, Perú, todos los de Centroamérica y Colombia, han tomado la decisión de abrirse ante el mundo desarrollado, a cambio, por supuesto, de que este movimiento sea recíproco. Como no tienen tiempo de esperar a que les llegue “la ayuda para el comercio”, deben financiar con recursos propios sus agendas de desarrollo.

Por eso me parece que tienen una propuesta mejor para los países ricos: olvídense de la “ayuda para el comercio” y comprométanse, lo que hasta ahora no ha sucedido, a avanzar en una de las promesas fundamentales formuladas en Doha con relación a los bienes agrícolas: la reducción “… de todas las formas de subvenciones a la exportación, con miras a su remoción progresiva; y reducciones sustanciales de la ayuda interna causante de distorsión del comercio”. Cualquier otra cosa es “música celestial”.