Después de más de dos años de arduas discusiones del TLC con los Estados Unidos se arribó a un acuerdo que ya fue publicado oficialmente y que los gobiernos de ambos países no tienen interés alguno en reabrir. En la actualidad, transcurre el plazo de noventa días previsto en la ley de ese país para que el Tratado pueda ser suscrito por los representantes de ambos gobiernos; a partir del 22 de noviembre podrá celebrarse la ceremonia correspondiente.  Cuando así acontezca, se dará comienzo el segundo tramo, que es el de la aprobación o rechazo integral del acuerdo por los respectivos congresos. Bajo el supuesto de que así ocurrirá, se abrirá la fase tercera y última del proceso: su revisión por la Corte Constitucional de Colombia.

Este período de espera debe usarse para  explicar sus  beneficios y replicar las críticas recibidas, por ejemplo, sobre la “masacre avícola” derivada de una pésima negociación. La causa de este fúnebre resultado provendría de la distorsión generada por los diferentes hábitos de consumo entre los Estados Unidos y Colombia; mientras allá los cuartos traseros del pollo no son apreciados, y por ende, su precio es bajo, aquí lo son y su precio es atractivo para quienes quieran importar el producto.

El temor consiste en que nuestra industria no podría competir en estas condiciones, así  los plazos de desgravación y los aranceles de partida sean dilatados, como en efecto lo serán: la desgravación se realizará en 18 años, a partir de un gravamen del 164.4% para los trozos refrigerados y 70% para los sazonados. Además, se estipularon “períodos de gracia”, durante los cuales no habrá desgravación: 5 años para los primeros y 10 para los segundos.

Desde luego, la eficacia protectora de los impuestos aduaneros depende tanto de su magnitud como de la dinámica de los precios de importación. A partir de la información estadística disponible puede afirmarse que la industria avícola nacional gozaría de un largo período de protección. ¿Y si los precios internacionales se derrumban y aumentan las cantidades importadas? Se podría acudir a mecanismos de salvaguardia. ¿Y si ese fenómeno ocurre después de finalizado el plazo de desgravación, cuando ya no es posible su utilización? Tal vez la respuesta sea que los consumidores, especialmente los pobres, tendrían en ese tiempo remoto derecho a adquirir el pollo a precios menores…

Debe advertirse que el supuesto implícito de los pronósticos sobre la suerte horrenda del sector avícola, cuya importancia, tanto desde el punto de vista de la producción como del empleo, es innegable, consiste en que no puede mejorar su competitividad para afrontar la competencia externa. La verdad es la contraria: durante los 10 años precedentes el precio doméstico del pollo ha caído 22.5%.  Y puede seguir cayendo si somos capaces de reducir los costos de producción a los niveles del Brasil, por ejemplo. Una contribución importante del Gobierno a este resultado consiste en la liberalización inmediata de las materias primas de los concentrados, los cuales son alrededor del 10% de los costos de producción del sector avícola y que hoy están gravados con un arancel promedio del 20%.

Finalizo diciendo que hay que poner en contexto la radicalidad de ciertas críticas. Se discute en el Congreso el proyecto de ley “Agro Ingreso Seguro”, un paquete de cuantiosos recursos para facilitar la reconversión del sector agropecuario  a fin de usarlo como una gran palanca de desarrollo rural. La puja tácita por ganar participación en esta torta ya comenzó; y como es obvio, aparecerán muchos “perdedores”, en tanto que los “ganadores” dirán que no logran serlo sin el respaldo de cuantiosos recursos públicos. Vaya difícil tarea tienen por delante parlamentarios y Gobierno.