El liberalismo democrático, con todas sus limitaciones, es la mejor forma de gobierno posible. Me refiero a aquella forma de organización política en la cual, a través de comicios periódicos y transparentes, las mayorías escogen los gobernantes y a quienes, desde el Parlamento, han de fiscalizar su tarea; donde el poder del Estado está rigurosamente limitado por la regla del Estado de Derecho y, por ende, los individuos gozan de derechos que nadie puede arrebatarles, ni siquiera invocando el bien común; en la que el poder está limitado por el principio de la separación de poderes.

Aludo a una sociedad en la que el ciudadano, solo o como integrante de partidos políticos u otros organismos de agregación de intereses, es el eje de la vida política. En un contexto como este se sabe que el conflicto es inmanente a la vida social, que las soluciones que se adopten para resolverlo son -siempre- provisionales y disputables. Hablo de un Estado laico que  protege las distintas manifestaciones de la fe religiosa, que garantiza la paz, la libertad en todas sus formas, incluida la esfera económica a la que acompaña con una gestión que provee estabilidad y  crecimiento sostenible.

En América Latina esta forma de gobierno está claramente consolidada en Chile. El  pacto realizado entre las distintas fuerzas políticas para competir por el poder una vez salido el país de la dictadura, dio origen a un sólido sistema de partidos que comparten las reglas del juego democrático. Los gobiernos posteriores a la era Pinochet han logrado consolidar la democracia y garantizado a Chile un lugar de preeminencia en América Latina, cuyos indicadores sociales han sido obtenidos, por cierto, en el contexto de una estrategia de internacionalización de su economía. Pero más allá de las fronteras del país austral, el liberalismo democrático se ha visto amenazado por su perversión neo-liberal, la cual, por fortuna, ha perdido toda legitimidad; y ahora, en unos países más que en otros, por los populismos de nuevo cuño que algunos sectores de la vieja izquierda impulsan con entusiasmo.

El Neoliberalismo, surgido en los ochentas como reacción de los excesos del intervencionismo estatal, el colapso generalizado de las empresas públicas, el agotamiento del modelo de sustitución de importaciones, incurrió, sin embargo, en graves errores: otorgó al mercado una importancia desmesurada; minimizó el papel del Estado como proveedor de bienes públicos esenciales, entre ellos la regulación; y, lo que es más grave, profesó un cierto desprecio por los valores de la democracia. Esto último explica que hayan sido las dictaduras militares del  Cono Sur  quienes dieron a los “Chicago Boys” amplio respaldo para imponer su modelo.

La amenaza actual proviene de los teóricos del Neopopulismo que no creen en la democracia representativa, sino en una supuesta democracia  de consenso bajo el liderazgo indisputable de un líder carismático; tampoco en una sociedad libre, que permite a los individuos cosechar el fruto de sus esfuerzos; por el contrario, postulan una sociedad basada en los principios de solidaridad a ultranza que condujeron a la Unión Soviética y a sus satélites al colapso.

En último término, no creen en las leyes de la economía. En esto siguen a pie juntillas las ideas de Perón, el non plus ultra del populismo latinoamericano, quien en carta de 1953 escribía: “Déle al pueblo, especialmente a los trabajadores, todo lo que sea posible. Cuando parezca que ya les ha dado todo, déles más. …No hay nada más elástico que la economía, a la que todos temen tanto porque no la entienden”. Si estas tendencias prosperan en la región, nuestros pueblos aprenderán dolorosamente en los próximos años que esa elasticidad casi no existe.