Firmado el tratado de libre comercio con los Estados Unidos, es normal que se incrementen los debates sobre sus beneficios, tanto en la prensa como en el Congreso, que es quien finalmente debe impartirle o negarle su aprobación. Es entonces oportuno recordar los numerosos desastres que según sus adversarios era inminente que ocurrieran, pero que una lectura serena del texto (www.tlc.gov.co) demuestra que no se materializaron.
En el caso de medicamentos no podrá decirse con fundamentos sólidos que el Acuerdo los volverá inaccesibles para los colombianos. El Gobierno no amplió el espectro patentable, no extendió la protección a los datos de prueba, no renunció a la posibilidad de establecer controles de precios para evitar que, cuando haya restricciones en la oferta, se abuse de los consumidores. Igualmente se preservaron dos importantes limitaciones a los privilegios que las patentes implican: la posibilidad de autorizar “importaciones paralelas”, o la de conceder “licencias obligatorias” para la producción de medicinas. Cierto es que se aceptó compensar los tiempos perdidos por la eventual negligencia de las autoridades que conceden patentes o licencias sanitarias, pero de allí no se deriva que los precios tendrán alzas dramáticas o que desaparecerán del mercado los productos genéricos. Durante la negociación se prometió que “se harían prevalecer los intereses de la salud sobre los del comercio”. Así ocurrió.
En contra de pronósticos apocalípticos, no se negoció el acceso ni la propiedad sobre los recursos naturales y la biodiversidad colombiana; tampoco se modificaron las normas colombianas que protegen el medio ambiente. Dicho de manera más general, se conservó la soberanía del Estado para trazar su política ambiental. Adicionalmente, y por primera vez en un tratado de comercio suscrito por Estados Unidos, se incluyó un reconocimiento de la importancia, tanto de la conservación y uso sostenible de la biodiversidad, como de la preservación de los conocimientos y prácticas tradicionales de las comunidades indígenas, afrodescendientes y locales. Se adoptaron normas para prevenir la biopiratería, cuestión de primordial importancia para nuestro país.
El acuerdo no contiene el compromiso de privatizar la educación pública; tampoco se eliminó el carácter no lucrativo de las instituciones de educación superior, de modo que no resultó acertado que se dijera que la educación iba a quedar convertida en un “mero negocio”. Desde luego, el creciente desarrollo de la educación técnica por Internet implicará una competencia creciente para las instituciones colombianas. Pero ella provendrá del avance de las telecomunicaciones, no del Tratado.
“Mediante la eliminación de la cuota de pantalla en televisión -se dijo- va a arrasarse con una faceta fundamental de nuestra cultura”. Esta es otra profecía fallida, dado que se conservó la cuota de pantalla existente de lunes a viernes en la franja triple A, tal como lo quería la industria nacional y los gremios de actores. Más aún: El Estado conservó todos los instrumentos de promoción de la cultura en sus diferentes modalidades: música, artes plásticas, teatro, etc.
Un último ejemplo de los desastres anunciados que resultaron imaginarios fue el de la apertura del mercado doméstico para de los bienes usados con lo cual se acabaría con la producción nacional de vestuario, automóviles y llantas, entre otros. Tratándose de estos bienes o de equipos remanufacturados, el Estado conserva la facultada de autorizar o prohibir su importación con plena autonomía.
Si tantos sombríos pronósticos no se cumplieron, tal vez haya que concluir que el Tratado se negoció con buen juicio, y que bien haría el Congreso en impartirle su aprobación, así no pueda tenerse certeza sobre sus efectos, supuesto que ellos están sometidos a las incertidumbres propias de cualquier otra decisión política, más si el horizonte es de largo plazo.