Está ampliamente demostrado que la expansión del sistema financiero es un factor, entre muchos otros, crucial para acelerar el crecimiento económico: mientras mayor sea la correlación entre activos de la banca –crédito e inversiones de riesgo- y PIB, tanto mayor suele ser el ingreso per-capita. También lo está que pocas actividades puede acometer el Estado con mayores posibilidades de fracaso que la provisión de servicios financieros. La crisis financiera de finales del siglo XX consumió recursos fiscales por una suma aproximada a los ocho billones de pesos, buena parte de los cuales se destinaron a recuperar la solvencia de la banca estatal.  No es fortuita la propensión de la banca pública a tener un comportamiento inadecuado. Dominados por una visión de corto plazo, la misma del ciclo político, los banqueros públicos tienden a propiciar altas dinámicas crediticias, que, por razones de “compromiso social”, es lo que se espera que hagan, pero poca atención suelen conceder a la recuperabilidad de las carteras que generan: su vencimiento, por lo general, ocurrirá después de que hayan abandonado sus cargos. Con pocas excepciones tienden a seguir aquel refrán que dice: “El que venga atrás que arree”.

Si esto es así, ¿Por qué mantener entidades financieras oficiales? Hay una razón poderosa: resolver fallas de mercado; no competir con el sector privado. Ella explica que hayan ido desapareciendo los bancos estatales de primer piso; que es lo mismo que debería acontecer con las sociedades fiduciarias. En ambas actividades existe suficiente competencia. Igualmente, cabe vaticinar el marchitamiento progresivo de las operaciones de redescuento. Ya no tiene sentido captar fondos de mediano plazo para prestárselos a los bancos de primer piso.

Se justifica, por el contrario, mantener una activa tarea de suministro de servicios financieros para los sectores pobres diseñado con el criterio de propiciar la participación de la banca privada pero manteniendo en cabeza del Estado responsabilidades de promoción y cobertura de riesgos. Se trata de “La Banca de las

Oportunidades”, la cual tendrá un vigoroso crecimiento el próximo año.

Guiado, igualmente, por estas convicciones, el actual Gobierno tomó tres determinaciones que quiero destacar: la disolución del Instituto de Fomento Industrial que padecía una situación de grave insolvencia; el sometimiento del Fondo Nacional de Garantías a la jurisdicción de la Superintendencia Financiera; y la realización de una reforma estructural de Bancoldex. Lo primero, cerró una cuantiosa hemorragia de recursos fiscales; lo segundo, fortaleció la capacidad del FNG para emitir garantías a los préstamos concedidos por la banca a pequeños empresarios e, inclusive, emprendimientos de mínimo tamaño.

Quiero detenerme un instante en la reforma de Bancoldex. En el 2002 era, en esencia, una institución que suministraba crédito de capital de trabajo a empresas exportadoras grandes; hoy se focaliza en las pymes, vinculadas o no al comercio exterior, con énfasis en la financiación de planes de modernización. Destacable también el respaldo que brinda a entes financieros sin ánimo de lucro que atienden a sectores marginados.

Hay que ir más allá. En el Plan Estratégico del Banco para el periodo 2006/2010 está previsto que bajo rigurosas reglas de prudencia se abra una facilidad de capital de riesgo a favor de las empresas pymes que, dado su grado de madurez, podrían incursionar en el mercado de capitales pero que requieren un impulso externo inicial. También deseo destacar la ampliación del portafolio de garantías que permitirá ofrecer coberturas a tipos de cambio, interés o precios de materias primas, productos estos que aún carecen de suficiente desarrollo. Y, por último, el fortalecimiento de las funciones de agente de la banca multilateral. Haber tenido una modesta participación en estos procesos, me deja honda satisfacción