A pesar de arraigados prejuicios, la provisión de servicios financieros de distinta índole es un componente fundamental en el difícil tránsito hacia la generalización del bienestar material. Lo demuestra la alta correlación positiva existente entre ahorro financiero e ingreso per cápita. Por ejemplo: mientras que en los países plenamente desarrollados toda la población en algún momento de su vida accede al crédito institucional, en nuestro país ello sólo ocurre para el 22%. 

Cabe registrar, sin embargo, algunos logros positivos en el segmento crucial del microcrédito, que ha crecido entre enero de 2003 y diciembre de 2005 en el 96%, al paso que la cartera total del sistema financiero sólo lo hizo en ese período a la tasa del 34%. Esto en parte obedece al fortalecimiento institucional del Fondo Nacional de Garantías, el ente estatal que ofrece respaldo parcial a las obligaciones crediticias de los más pequeños usuarios; como también al entusiasmo con que la banca y las ONGs especializadas han cumplido su tarea. Ortodoxia financiera y compromiso social han sido los factores de esta positiva dinámica.

A pesar de estos  avances, lejos estamos de poder reclamar éxitos definitivos. La profundización financiera del país, medida por el coeficiente entre cartera crediticia y el PIB, que en 1997, antes de la crisis financiera, era de 34%, al cierre de 2005 había descendido al 22%, una cifra bajísima para países de similar grado de desarrollo. Hay, pues, que forzar la máquina, no sólo para que la movilización del ahorro financiero hacia el crédito tenga, en estos próximos años, una aceleración a fondo, sino, también, para avanzar en la provisión de otros servicios bancarios a los estratos pobres.

Este es el objetivo que el documento Conpes 3424 de mayo pasado denomina “la banca de las oportunidades”. Allí se propone que para combatir los altos costos que implica la expansión de la banca en zonas remotas o con baja densidad poblacional, se cree la figura de los  corresponsales no bancarios, los cuales, actuando por encargo de uno o varios bancos y bajo responsabilidad de estos, puedan ofrecer servicios tales como movilización de fondos, realización de pagos, consultas de saldos, expedición de extractos. Este mecanismo, que será reglamentado en cuestión de días, permitirá avanzar hacia una mayor cobertura de los sectores populares. Pronostico que, en el corto plazo, la banca llegará a nuevos usuarios, pobres en su mayoría, a través de los comités municipales de cafeteros, las proveedurías, los organismos cooperativos, las empresas de transporte, etc.

Con estos mismos fines es crucial la eliminación paulatina del 4x1.000, y, con prontitud, a las operaciones de menor cuantía. Este tributo, virtuoso desde el punto de vista del recaudo, genera un sesgo claro en contra de la bancarización y a favor del efectivo, cuya manipulación es, por su propia naturaleza, costosa, pero más en un país que padece de inseguridad y tiene una geografía singularmente abrupta.

A fin de liberar a la banca de cargas cuasi-fiscales, que al encarecer su operación dificultan la oferta de servicios de bajo costo a pequeños usuarios, se recomienda la eliminación, para las cuentas de ahorro de bajo monto, de las inversiones forzosas existentes. Entre nosotros ellas se usan para transferir al sector agropecuario recursos subsidiados, una política que ya casi ningún país utiliza.

Pero hay otras medidas que, a pesar de que existe consenso técnico y amplia evidencia sobre sus bondades, no son “políticamente correctas”. Me refiero al fortalecimiento de las bases de datos, la eliminación de la tasa de usura, o la ejecución expedita de las garantías en caso de incumplimiento. Hay que dar, con serenidad y buen juicio, esos debates.