La sola circunstancia de que la casi totalidad de los estados hagan parte de la Organización Mundial de Comercio, a pesar de enormes diferencias en modelos y niveles de desarrollo, demuestra de manera inequívoca que  la liberalización de los flujos comerciales es aceptada como una vía adecuada para lograr el crecimiento económico. Las cifras lo demuestran con claridad: mientras que en 1980 las exportaciones representaban el 19% del PIB mundial, hoy la proporción es del 30%; es decir, como el comercio internacional crece más que el producto, los países que tienen éxito exportador gozan de un potencial de crecimiento mayor.

 No es menos cierto que los países pobres y de desarrollo intermedio están lejos de encontrarse satisfechos con las negociaciones multilaterales realizadas hasta  la fecha. Sus  contrapartes del mundo desarrollado han logrado estipular el desmantelamiento de las restricciones al comercio de los bienes que les interesa exportar -manufacturas y servicios que tienen un componente tecnológico elevado- mientras practican un alto proteccionismo para su producción agrícola, pecuaria y de manufactura liviana (textiles y vestuario, fundamentalmente). Es así como sólo el 4% de las exportaciones de los países del “primer mundo” reciben subsidios por parte de otro cualquiera de los miembros de la OMC, al paso que el 30% de las exportaciones de los países más pobres son atacadas por subsidios en los mercados de destino. Muy difícil competir en estas circunstancias.

 De otro lado, se nos mantienen cerrados los mercados para los servicios respecto de los cuales gozamos de ventajas comparativas, tales como los de carácter profesional, y se nos otorga un  tratamiento discriminatorio en la movilización internacional de los factores de producción: amplio -lo cual está bien- para el capital, pero harto restrictivo para el trabajo, el recurso del que disponemos en abundancia.

 Este generalizado ambiente de frustración condujo, en noviembre de 2001, al lanzamiento en Doha, Qatar, de la que fue denominada la “Ronda del Desarrollo”. En la declaración respectiva, que según la muy difícil regla que practica la OMC fue acordada por unanimidad, se sentaron los principios que el grueso de los países miembros (que son pobres o de desarrollo intermedio) consideran fundamentales: el reconocimiento de que “el comercio internacional puede desempeñar una función de importancia en la promoción del desarrollo económico y el alivio de la pobreza”.  La expresa mención de la “… particular vulnerabilidad de los países menos adelantados y las dificultades estructurales especiales con que tropiezan en la economía mundial”; y, por lo tanto, la necesidad de “…hacer frente a la marginación de los países menos adelantados en el comercio internacional y a mejorar su participación efectiva en el sistema multilateral de comercio”. 

 Nada de esto ha acontecido, como lo prueban los fracasos de las cumbres ministeriales de Cancún (2003) y Hong Kong (2005), y lo acaba de ratificar el Secretario General, Pascal Lamy, la semana pasada.  La noticia constituye una tragedia humanitaria para los países africanos productores de algodón –Benin, Malí, Chad, Burkina Faso–  que se encuentran entre los más pobres del Planeta.  Pero es mala también para países que, como Argentina, Brasil y Colombia, son exportadores netos de productos agropecuarios y de la industria del vestuario.

 Estas frustraciones, que difícilmente serán superadas en el corto plazo, ratifican la validez de la estrategia consistente en multiplicar los tratados para la liberalización del comercio, como el ya perfeccionado con MERCOSUR; el inminente con los Estados Unidos; la ampliación del acuerdo con México, para incluir los productos del agro; el que se adelanta con tres países centroamericanos; y los que abordaremos pronto con  la Unión Europea  y Chile.