A partir del cierre de las negociaciones del TLC con los Estados Unidos, se abren las siguientes etapas en un complejo proceso que comprende, en una primera fase, su firma por los presidentes de ambos países. A continuación, será menester obtener su aprobación por los respectivos parlamentos. En el país del norte el reto es enorme. El partido demócrata, altamente influenciado por intereses proteccionistas, votará mayoritariamente en contra. Soy más optimista en cuanto a la votación en nuestro Congreso. Confío en que el examen sereno del acuerdo convencerá a la opinión pública, en las distintas regiones del país, de sus bondades, lo cual debe permitir que se logren las mayorías parlamentarias. La izquierda, por razones ideológicas respetables, votará en contra, pero las demás bancadas seguramente lo harán con base en balances pragmáticos en términos de costos y beneficios a mediano plazo.

Como en nuestro caso deberá surtirse un examen del Tratado  por la Corte Constitucional, y este es un trámite dispendioso, no parece factible que pueda ser puesto en vigencia antes de que expiren, en diciembre de este año, las preferencias temporales que tanto han servido para dinamizar nuestras exportaciones a los Estados Unidos. Este es un problema delicado sobre el que ambos gobiernos deben dialogar con prontitud.

Para formarse un criterio maduro sobre el acuerdo hay que tener en cuenta un conjunto de factores que vale la pena mencionar. Entre ellos que una mayor apertura a la competencia externa hace emerger con nitidez nuestras ventajas competitivas e induce un cambio gradual de las estructuras productivas. Que en el campo esos ajustes suelen ser más complejos que en la industria, razón por la cual -tratándose de los productos más sensibles, los cronogramas de desgravación son mucho más lentos (19 años, por ejemplo, en el caso del arroz)- se cuenta con mecanismos de salvaguardia y períodos de gracia para amortiguar los impactos negativos.

Que para el sector agropecuario se definirá un plan de apoyo que incluirá apoyos directos al productor, programas de fortalecimiento sanitario, y crédito, en condiciones preferenciales, para facilitar procesos de reconversión productiva. Que ningún país ha logrado alcanzar las altas tasas de crecimiento necesarias para superar la pobreza sin insertarse, de modo eficaz, en las corrientes del comercio mundial, y sin ser capaz de atraer flujos sustanciales de inversión extranjera que complementen un ahorro doméstico que es crónicamente insuficiente.

Comprometido el Gobierno con los principios de transparencia y participación, quiero recordar que al comenzar el proceso, hace casi dos años, se publicó un documento que contiene el catálogo completo de los más de 400 temas que serían objeto del eventual acuerdo y los objetivos que se procuraría obtener en cada uno de ellos. Confrontarlo con el proyecto de Tratado, que será publicado en un par de semanas, permitirá juzgar la calidad del trabajo realizado. Durante todo el proceso funcionó el “cuarto de al lado”, el espacio diseñado para escuchar a todo aquel que quisiere exponer sus anhelos y preocupaciones. Su sesión número 100 tuvo lugar en la madrugada del 27 de febrero, una hora después de finalizada la negociación.

El Colombiano, en su editorial de ese día, escribió: “Al TLC le ha hecho falta un promotor convencido y entusiasta en el alto Gobierno. El Ministro de Comercio, quien ha debido convertirse en el campeón de la iniciativa, se encargó de sembrar la incertidumbre al anunciar la existencia de un tal Plan B consistente en no firmar el TLC con los Estados Unidos”. Desde luego que hice ese anuncio y me ocupé de que fuera conocido por la contraparte. Quien carece de Plan B acabará pagando un precio excesivo por el Plan A. Ignorar este principio habría resultado fatal para Colombia.