Las patentes surgieron como un incentivo al desarrollo tecnológico y a la innovación. El incentivo es el derecho temporal de exclusividad que otorgan los gobiernos para que nadie se lucre del producto patentado sin licencia del inventor. A cambio, este debe entregar a la sociedad la información pertinente para que cualquier persona produzca el invento después de vencido el periodo de protección.

De esta forma, la sociedad recibe diversos beneficios: la disponibilidad de un invento útil para los consumidores; el acceso a los avances del conocimiento que permitieron fabricarlo, lo cual orienta a la comunidad científica hacia el desarrollo de nuevas líneas de investigación; otros empresarios pueden empezar a fabricarlo cuando termina el tiempo de la exclusividad, lo cual debe incidir positivamente en los precios. Pero es obvio que el incentivo también tiene un costo social, pues el inventor tratará de aprovechar la exclusividad para vender su producto a precios no moderados por la competencia.

Aún cuando estos son principios de aceptación general, hay campos, como el de los medicamentos, en los que se genera controversia. ¿Se deben excluir los medicamentos del sistema de patentes? La discusión es pertinente porque es necesario armonizar los intereses de la salud, que, por cierto, deben prevalecer, con los de tutelar adecuadamente a los innovadores para favorecer por esa vía el avance científico.  La discusión tiene particular relevancia en los países de menor desarrollo; en ellos la investigación es mínima y vastos sectores de la población no gozan de acceso adecuado a medicinas de buena calidad. 

Diversos estudios se han orientado a estimar cuál es el costo monetario que asume la sociedad por cuenta de las patentes sobre medicamentos. Esta cifra no dice mucho si no se tienen en cuenta otras dimensiones relacionadas con las patentes, que permitan hacer un balance neto para la sociedad.

En primer lugar, es necesario examinar si se están generando los esperados impactos en transferencia de tecnología y desarrollo de nuevos conocimientos. En segundo lugar, cuáles son los beneficios que está recibiendo la sociedad en términos de reducción de las tasas de morbilidad y mortalidad, así como las potenciales caídas de gasto de los sistemas de seguridad en salud por cuenta de enfermedades que se controlan o desaparecen. Sólo en este contexto tiene sentido el dato del costo que asume la sociedad por la existencia de patentes sobre medicamentos. 

Lejos de seguir esta senda, algunos trabajos recientes realizados en Colombia pretenden medir el costo de las patentes en términos de la mortandad causada por la falta de acceso de la población derivada de un incremento súbito, no controlado por el Estado, del precio de los medicamentos. Al margen del dudoso sustento econométrico de esos cálculos alucinantes, bueno sería recordar  que: “El hecho de que miles de millones de personas no tengan acceso a medicamentos esenciales, la mayoría de los cuales no están protegidos mediante patentes, pone de relieve la existencia de otros problemas que limitan el acceso a ellos: sistemas de suministro y distribución escasamente desarrollados; falta de recursos financieros; falta de capacidad de importación y producción de medicamentos genéricos; e insuficiente poder adquisitivo para pagar incluso medicamentos genéricos entre la población de los países más pobres”. Esto lo dicen conjuntamente la Organización Mundial de la Salud y la Organización Mundial de Comercio.

El tema resulta, pues, harto más complejo de lo que ciertos actores en el debate sobre la salud pública postulan. Entre el blanco y el negro caben infinitas variedades del gris.