Después de largas negociaciones se logró culminar, conjuntamente con Venezuela y Ecuador, un tratado para profundizar el intercambio comercial  con los países que integran el Mercosur. Vamos así en camino de realizar un anhelo plasmado en el Preámbulo de la Constitución: “La integración de la comunidad latinoamericana”, a lo cual también contribuyen la Asociación Latinoamericana de Integración -ALADI-, los varios acuerdos de alcance parcial suscritos bajo su alero, la Comunidad Andina de Naciones, y el G-3, que es el mecanismo de integración que nos une con Venezuela y México.

El Acuerdo Can-Mercosur ha entrado en vigencia provisionalmente mediante decreto gubernamental pero debe ser sometido a consideración del Congreso en la legislatura que se inicia el 16 de marzo. Será esta una significativa oportunidad para que sus integrantes examinen una estrategia que se ha venido desarrollando con base en un mandato clarísimo de jerarquía constitucional: “El Estado promoverá la internacionalización de las relaciones políticas, económicas, sociales y ecológicas sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional”. Tómese atenta nota del mandato. Debemos abrirnos al mundo en todos los campos, incluido, desde luego, el económico, sólo que debemos hacerlo respetando principios que son obvios, y que el Congreso debe examinar en cada caso.

Ha también de advertirse que el Estatuto Superior habla de “internacionalización de las relaciones… económicas” y no de la “promoción de las exportaciones” y su complemento natural “la sustitución de importaciones”, modelos económicos ya obsoletos que conducen a  afirmar que exportar es bueno pero importar es malo. La verdad es que para exportar con éxito productos de valor agregado suele requerirse importar materias primas; y que la razón primordial para exportar es tener divisas suficientes para comprar en el exterior, de contado o acudiendo al crédito, todo aquello que no producimos. Por eso en el largo plazo la balanza comercial tiende al equilibro. Requerimos, qué duda cabe, exportar más, pero para hacerlo es menester optimizar nuestras ventajas comparativas abriéndonos gradual y selectivamente ante el mundo.

Un proteccionismo generalizado e intemporal del mercado doméstico conduce a cegar una fuente importante del crecimiento. Para demostrarlo basta señalar que las economías que han logrado tasas de crecimiento sostenidas por largos periodos son abiertas: la sumatoria de sus exportaciones e importaciones como proporción de la producción interna es superior a la de Colombia.

Por fortuna, los empresarios, a través de sus gremios, comparten este punto de vista, como lo demuestra su firme respaldo a las negociaciones concluidas con Mercosur. Por supuesto esa posición, sobre todo tratándose de Brasil y Argentina, cuyos aparatos productivos se asemejan a los nuestros y con ellos compiten, se explica por la calidad de los acuerdos logrados. Destaco  varios de sus elementos.

Su asimetría a favor nuestro. La desgravación general de Brasil ocurrirá en 8 años, la de Argentina en 10 y la de Colombia en 12; y mientras ambos países nos conceden una desgravación inmediata del 30% del arancel, nosotros apenas les damos una ventaja del 15%. La cláusula de salvaguardia general podrá dispararse cuando existan amenazas graves sobre la producción nacional; su vigencia será indefinida a menos que se decida sustituirla, una vez terminado el periodo de transición, por otra de naturaleza cambiaria para evitar el riesgo de devaluaciones competitivas que tanto distorsionan el comercio. Para nuestro sector farmacéutico, que puede ser uno de los sectores de mayor dinamismo exportador a los mercados del sur, se pactaron mecanismos para facilitar su acceso.

Colombia requiere ampliar su canasta exportadora y el volumen de sus exportaciones. El acuerdo con nuestros vecinos australes debe servir para movernos en la dirección correcta.

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