La negociación de un tratado de comercio con los Estados Unidos se inició con la visita que funcionarios colombianos realizaron a Washington en febrero del 2003 para plantear nuestro interés al respecto, y culminará, si las etapas previas se surten con éxito -cierre de la negociación, suscripción del tratado, aprobación por el Congreso-  con un pronunciamiento de la Corte Constitucional en algún momento del próximo año. A estas alturas del proceso bien puede realizarse un corte de cuentas. Desde luego, hay aspectos positivos pero también hay dificultades que sería necio ignorar.

Me refiero a los primeros. Creo que por vez primera una negociación comercial se aborda por un equipo constituido por funcionarios de alto nivel técnico aportados por los diferentes ministerios, y no exclusivamente por los vinculados al Ministerio de Comercio.

Entre enero y mayo de 2003  sus integrantes, liderados por un jefe negociador experimentado y capaz, se entrenaron en estrategias de negociación y colectivamente construyeron una “matriz de objetivos e intereses” que permite conocer, para más de 400 asuntos, cuales son los nuestros y cuales los de la contraparte. Con este bagaje abordaron la negociación. En contra de la afirmación de algún dirigente político (“negocian con más ganas que estrategia”) las encuestas de opinión registran que el equipo goza de credibilidad. Es cierto también que la negociación cuenta con el respaldo unificado del Gobierno, así se hayan presentado algunas diferencias de criterio que han sido resueltas mediante el diálogo directo o con la intervención del Presidente de la República. El Decreto 2314/04 establece reglas de juego para las negociaciones internacionales de comercio que serán muy útiles en la fase definitoria del tratado con los Estados Unidos.

Colombia cuenta con una institucionalidad gremial sólida que cumple bien su tarea de articular intereses privados y armonizarlos con el bien común. En vez de buscar que los empresarios fueran representados por personalidades señaladas a dedo, como aconteció en México, desde el comienzo se otorgó a los gremios plena confianza en el ejercicio de esta tarea; además, se le concedió al Consejo Gremial, en reconocimiento de su elevada representatividad, una interlocución preferente.

La relación de confianza resultante ha permitido que entre sector privado y Gobierno exista una sólida alianza que ayuda muchísimo a definir posiciones en la mesa de negociaciones. Otro aspecto positivo es la elevada participación del Congreso en el proceso, tanto a través de los debates de control político, que, por cierto, han sido abundantes, como mediante su nutrido acompañamiento en todas las rondas realizadas hasta ahora. Así mismo, lo es la intensa presencia de voceros gubernamentales en las distintas regiones del país para explicar los retos y oportunidades que la negociación les plantea, y conocer, de primera mano, sus anhelos y temores.

En cumplimiento de sus deberes, desde el inicio mismo del proceso la Procuraduría General de la Nación vigila el transcurso de las negociaciones para garantizar que ellas sean transparentes y se mantengan adecuados espacios de participación para todo aquel que sea titular de un interés legítimo. Existe, y esta es una innovación positiva, un acuerdo formal entre la Procuraduría y el Ministerio de Comercio, que regula las modalidades de la vigilancia especial que aquella adelanta. En último término, señalo que las universidades han sido involucradas para que aporten elementos de juicio sobre los impactos macroeconómicos y sociales del eventual acuerdo con los Estados Unidos, sus implicaciones para los diferentes sectores productivos y el análisis de escenarios de negociación en campos tan sensibles como el de los medicamentos.

Todo esto es positivo pero también “hay llanto y crujir de dientes”. Lo contaré la semana próxima.