En un foro reciente se  argumentó que la negociación del tratado con los Estados Unidos es un embeleco que carece de sentido, dado que Colombia tiene acceso preferencial al mercado norteamericano sin tener que dar nada a cambio. Aun cuando se han planteado en múltiples ocasiones las razones por las que no es conveniente que el acceso a un mercado dependa de unas preferencias otorgadas unilateralmente, sino de compromisos bilaterales exigibles, se justifica exponerlas de nuevo.

Tales preferencias dependen de la buena voluntad del país que las concede. Una coyuntura política o económica adversa en el país otorgante puede cambiar un ambiente favorable por otro adverso. Por ejemplo, la oleada proteccionista que está surgiendo en los Estados Unidos como consecuencia del creciente déficit comercial, la debilidad del dólar y la amenaza de las exportaciones chinas hace poco probable la renovación de preferencias unilaterales, e, incluso, dificultar la aprobación de tratados de comercio celebrados con países aliados y vecinos como es el caso de los centroamericanos. Desde luego, Colombia puede, con sólidas razones, señalar que las preferencias de que goza son la contrapartida necesaria a su denodada lucha contra el tráfico de drogas ilícitas, pero aún así su eventual extensión depende de unas mayorías parlamentarias que están virando de manera harto preocupante hacia un proteccionismo radical e insolidario.

Otro elemento inconveniente es su temporalidad. Ya lo vivimos con el ATPA que estuvo vigente por diez años. Al cumplirse ese plazo no había en los Estados Unidos un interés claro por su prorroga. Tanto el gobierno precedente como el actual tuvieron que desarrollar intensas gestiones para obtener su extensión hasta diciembre del año próximo  Adicionalmente, la experiencia reciente ha mostrado que las preferencias unilaterales son vulnerables jurídicamente. El Sistema Generalizado de Preferencias de la Unión Europea en pro de los países afectados por el tráfico de estupefacientes, del cual Colombia es beneficiaria, fue demandado ante la OMC por  la India en el 2003. El fallo inicial fue favorable a sus pretensiones; aunque posteriormente el órgano de apelación dio la razón a la Unión Europea, quedó un precedente que restringe los grados de libertad de los países en este tipo de concesiones.

Comparando las preferencias unilaterales con el acceso negociado mediante un acuerdo saltan a la vista otros argumentos a favor de esta última opción. En la negociación del TLC Colombia defiende el principio de acceso real, que tanta importancia tiene, en especial tratándose de bienes agropecuarios, justamente porque las barreras en muchos casos provienen de normas técnicas, medidas sanitarias y fitosanitarias o procedimientos de aduanas que impiden el pleno aprovechamiento de las preferencias unilaterales. Ninguno de estos obstáculos se elimina mediante le expediente de las concesiones unilaterales. Las preferencias de este tipo, dada su temporalidad, no logran generar flujos importantes de inversión orientados a la satisfacción desde nuestro territorio de las necesidades del gran mercado norteamericano. Por el contrario, un tratado de vigencia indefinida sí puede estimularlos generando efectos perdurables en la tasa de crecimiento, y en la productividad general de las empresas que tienen que esforzarse para poder abrirse camino en un mercado abierto.  

Colombia goza de preferencias unilaterales concedidas por Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá y Japón, entre otros. Sin duda, ellas constituyen un apoyo importante de esos países al nuestro. Pero los mayores beneficios que derivan de la inserción profunda en la economía globalizada se obtienen en acuerdos vinculantes de vigencia indefinida. A pesar de las dificultades que ahora enfrentamos en la negociación con los Estados Unidos, no hay duda de que debemos persistir en el empeño.